A continuación reproducimos la columna de María Paz Arzola, investigadora del Programa Social de LyD, publicada en #Voces de La Tercera Online:
Que nuestra educación pública sea de buena calidad es uno de los principales desafíos del país. En particular, lo que se refiere a la educación municipal. Si bien el diagnóstico es bastante claro, no lo es la manera de abordar las deficiencias institucionales de este sector.
El Panel de Expertos para una Educación de Calidad identificó en su Informe para el Fortalecimiento de la Educación Pública (año 2011), que el principal problema de la educación municipal es que carece de una estructura institucional que le permita responder con agilidad a los cambios que suceden en la sociedad y que afectan la demanda por educación. Esto trae como consecuencia déficits financieros en la gestión de los municipios, aun cuando se están haciendo esfuerzos entregando recursos desde el Ministerio para este sector.
Asimismo, en su Informe para Fortalecer la Profesión Docente (año 2009), el Panel planteó la necesidad de dotar a los sostenedores y directores de mayor autonomía en la gestión técnico-pedagógica, y conjuntamente, otorgarles mayor responsabilidad en asumir las consecuencias por los resultados de los establecimientos. Una de las principales restricciones para mejorar el nivel de las escuelas se halla en un estatuto docente que, al fijar por ley las remuneraciones en base a antigüedad, desincentiva la entrada de mejores profesores al sector. La evidencia en este sentido es clara: la calidad de un sistema educativo se explica principalmente por la calidad de sus docentes.
A partir de lo anterior, se propuso la idea de una nueva institucionalidad para la educación municipal. Lo que se ha planteado desde el mismo Panel, así como en otras propuestas, y que recoge el proyecto de ley enviado el año 2011, es traspasar los colegios a Agencias Locales de Educación de giro único, financiadas a través de la subvención del Estado, y presididas por un concejo directivo. Estas agencias debieran tener no sólo más autonomía en la gestión, sino también el concejo debiera asumir las consecuencias de esta mayor responsabilidad. Se crearon altas expectativas sobre lo que podría ocurrir con una medida como ésta, a tal punto que seguramente aparecerá en las propuestas de los candidatos presidenciales, pero creo que vale la pena profundizar un poco más sobre la viabilidad de llevar esto a la práctica.
Si bien no suelen mencionarse, hay asuntos que requieren de un amplio acuerdo, pues de lo contrario, podrían volver una iniciativa como ésta irrealizable. Uno de ellos es la propiedad de la infraestructura: hoy las escuelas pertenecen a los municipios, por lo que para poder avanzar hacia esta nueva administración, se debe resolver de qué forma serán traspasadas, de manera de no crearse una deuda impagable. Una alternativa es que éstas sean entregadas en comodato a las nuevas agencias, para lo cual se requiere la venia de los municipios.
Un segundo aspecto dice relación con los profesores. Se requiere un acuerdo para traspasarlos en igualdad de condiciones a las nuevas instituciones administradoras, sin tener que indemnizarlos y luego recontratarlos, pues nuevamente esto significaría un gasto inabordable. En tercer lugar, hoy los municipios aportan del orden de US$ 370 millones de sus propios recursos a la educación. Estos son sumamente necesarios, y por lo tanto, se requeriría de un acuerdo para que estos siguieran entregándolos durante unos años después de traspasada la administración de la educación a las agencias, hasta que logren ser suplidos progresivamente con aumentos de la subvención.
Un aspecto adicional a considerar, es que existe una gran variabilidad de resultados entre municipios, incluso en similares niveles de vulnerabilidad. Dado que hay municipios que gestionan de manera exitosa sus escuelas, el traspaso de la administración a estas nuevas agencias debiera ser un proceso voluntario y progresivo, es decir, partiendo por aquellos municipios con claras falencias de gestión y calidad, y permitiendo que aquéllos que lo desean, mantengan la institucionalidad actual.
Mientras no se solucione la dilución de responsabilidades que existe hoy, y no nos enfoquemos en atraer a los mejores profesionales a enseñar en las salas de clases y a hacerse cargo de las escuelas, ningún cambio en la institucionalidad será la panacea. Más aún, hay asuntos que si no se piensan bien desde el comienzo, podrían hacer fracasar cualquier iniciativa incluso antes de que ésta pueda llevarse a cabo.
