«COMBATIR EL ACTIVISMO JUDICIAL ES UNA LUCHA PERMANENTE QUE DEBE DARSE DESDE VARIOS FRENTES»

Este martes 27 lanzaremos el libro "Activismo Judicial en Chile: ¿Hacia el gobierno de los jueces?" , escrito por el Coordinador de Políticas Públicas de LyD, José Francisco García y por el abogado Sergio Verdugo.

Los autores conversaron en la última edición de nuestra revista sobre el tema, depejando dudas importantes acerca de la independencia del Poder Judicial en nuestro país.

En el último tiempo, se ha visto seriamente cuestionado el rol de los jueces. La principal pregunta que como sociedad nos hacemos es: ¿Deben los jueces reemplazar las reglas jurídicas cuándo estiman que éstas son injustas para el caso particular? Para entender más sobre la materia, conversamos con los abogados Sergio Verdugo, Investigador del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo, y José Francisco García, Coordinador de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo, ambos autores de "Activismo Judicial en Chile: ¿Hacia el gobierno de los jueces?" editado por LyD.

¿Cuánto tiempo estuvieron trabajando en este libro? ¿Cómo nació la idea de realizarlo?

Sergio Verdugo (SV): El trabajo de investigación y selección de casos comenzó hacia fines del año pasado, cuando se fueron sucediendo una serie de sentencias controversiales y poco respetuosas de diversos marcos regulatorios. Sentencias como Castilla y Pitronello fueron paradigmáticas.

José Francisco García (JFG): Libertad y Desarrollo fue bastante pionero y proactivo en empezar a desnudar esta cuestión y darle mayor profundidad en diversos documentos y columnas. En la medida en que encontrábamos más sentencias, nos íbamos preocupando por las consecuencias que podrían derivarse de la generalización del “gobierno de los jueces”. A comienzos de 2013 -especialmente tras una serie de sentencias de la Corte Suprema en materia de salud- era evidente que los primeros brochazos que se habían dado desde LyD debían ser complementados con una investigación más contundente que, sin ser excesivamente academicista, tuviera una base teórica sólida. Se desarrollaron casos en diversas áreas que mostraron el problema y propuestas de cómo enfrentarlo desde la política pública judicial.

Últimamente, se ha criticado la creciente influencia jurisprudencial al momento de definir políticas públicas, siendo temas que tradicionalmente han pertenecido a otro tipo de autoridades. ¿Por qué creen que esto está sucediendo en Chile?

SV: Existen varios fenómenos que lo explican. Hay una tendencia a judicializar controversias en diferentes áreas; se está abandonando la idea de sujeción a la ley con que trabajaban los jueces en nuestra cultura jurídica más tradicional; los tribunales tienen que lidiar con actores cada vez más organizados, como activistas, grupos de interés y medios de comunicación con líneas editoriales definidas; y existen también algunos fenómenos jurídico-políticos que contribuyen a fortalecer el poder de los jueces, como la utilización creciente de los Derechos Humanos, la penetración del Derecho Internacional y tendencias constitucionales fuertes. Si a eso se suman aspectos de diseño institucional y de cultura judicial, el escenario es propicio para que el activismo judicial pueda generarse sin mayores costos.

¿Consideran correcto que los jueces decidan cuestiones técnicas, poniendo a veces en duda a los organismos especializados?

JFG: Debe haber un adecuado balance entre la opinión técnica y el rol de los jueces revisando regulaciones y políticas públicas. Para que ello sea posible, los jueces deben contar con metodologías socialmente predecibles y jurídicamente robustas. Una mezcla entre deferencia técnica y revisión de aspectos precisos de acuerdo a estándares previos y conocidos es el camino correcto.

SV: Lamentablemente, estos criterios no están siendo satisfechos a plenitud. Ello es preocupante en ciertas áreas donde el legislador ha entregado una discrecionalidad fuerte a los órganos expertos, tanto administrativos como jurisdiccionales. Lo estamos viendo, por ejemplo, en materia de libre competencia y medioambiental. En esta última área es desafiante la conversación que existirá entre la jurisprudencia de los nuevos Tribunales Ambientales y la Corte Suprema.

A juicio de ustedes, ¿Estamos en presencia de activismo judicial en nuestro país?

JFG: En nuestra investigación identificamos numerosos casos de activismo judicial en diferentes áreas, dando lugar a diversos tipos de activismo, desde el hipergarantismo en materia penal hasta un compromiso fuerte con los derechos sociales, por ejemplo. Ello no es demostrativo de que -en general- los jueces sean activistas en su totalidad, pero permite alertar de un problema creciente y real. Nuestro esfuerzo consiste en separar la paja del trigo: la mayoría de los jueces en Chile cumplen su labor jurisdiccional sin gran estridencia y aplicando el derecho vigente. Es bueno que muchos de los casos que hemos identificado como activistas hayan sido parte del debate público de los últimos dos años. Son controversiales porque en la ciudadanía, los medios y la academia se percibe una cierta desnaturalización del rol de un juez. Creemos que combatir el activismo es una lucha permanente que debe darse desde varios frentes. Y ese es el llamado de nuestro libro.

¿Cómo se determina la existencia de este fenómeno?

SV: Primero, es necesario elaborar bases teóricas que permitan identificar los casos denunciados como activistas. Enseguida, se reconocen diversas formas de activismo judicial que no tienen una raíz común. El análisis de los casos requiere de un trabajo de investigación que involucre entender la literatura específica y la práctica judicial más relevante. Nosotros no examinamos todas las áreas donde pudiera existir activismo judicial, pero sondeamos aquellas que tienen suficiente impacto social como para determinar que el problema del activismo judicial es una realidad que debe alertar a nuestra sociedad.

¿Cuáles son los riesgos del activismo judicial?

JFG: El activismo judicial puede tener impacto en varios aspectos: el sistema de separación de poderes, la capacidad de nuestras autoridades electas de llevar adelante sus programas, la legitimidad democrática de las decisiones controladas y el carácter técnico de ciertas decisiones adoptadas mediante procedimientos complejos. En palabras simples: los jueces carecen de la legitimidad democrática y las competencias técnicas para tomar decisiones de política pública. Su rol es controlar su legalidad, no diseñarlas o evaluar sus méritos. Ello puede tener incidencia en la certidumbre que tiene la sociedad sobre reglas precisas en materias de diversa índole, generando situaciones injustas para los actores involucrados e indeseadas para la salud del Estado de Derecho.

¿Los jueces pueden tomar decisiones de acuerdo a sus propias convicciones?

SV: El rol tradicional del juez es interpretar las normas y principios jurídicos para aplicarlas a casos concretos, satisfaciendo la necesidad de entregar información acerca del contenido de las reglas y controlar el actuar del poder político. En el mundo de los principios jurídicos, hay un espacio ineludible donde los jueces pueden verse influidos por sus convicciones. Como esta situación es difícil de corregir en plenitud, la generación de los incentivos adecuados y de las metodologías judiciales correspondientes, pueden ayudar a controlar las consecuencias de lo anterior.

¿Cuál es el rol de los jueces en el sistema de derecho civil?

JFG: Existen diferentes visiones acerca del rol de los jueces en el sistema continental-europeo. Sin embargo, hay cierto consenso en que el mismo está evolucionando, influido por algunos fenómenos coetáneos. Definir algunas bases respecto del mismo es imprescindible para estudiar el activismo judicial. Por eso, nosotros trabajamos bajo algunos supuestos que son ampliamente compartidos en nuestra cultura jurídica y política. En todo caso, las bases intelectuales del activismo judicial deben encontrarse en los 60’s, donde un grupo de académicos que formaron a gran parte de la actual generación de jueces que hoy ocupa los más altos cargos al interior de la Judicatura, postulaban que el derecho no podía ser una traba a la transformación social y, por tanto, había que buscar los resquicios que lo permitieran. El activismo judicial de hoy es en algún sentido heredero de la filosofía de los resquicios legales.

¿Creen que las personas están desconfiando un poco más de la labor judicial actual?

SV: En la medida en que los conflictos sociales llegan al Poder Judicial o a otros tribunales, las personas perciben que los jueces son también actores políticos importantes. Si bien, probablemente el área más sensible es la penal -debido a su fuerte cobertura mediática- creemos que hay muchas otras áreas que están penetrando en el interés de sectores importantes de la sociedad, como ocurre con los casos ambientales y también con aquellos moralmente complejos.

JFG: Es normal que los niveles de confianza se vean afectados cuando se produce este fenómeno, para bien o para mal. Además, podría existir la tentación de algunos jueces de utilizar las sentencias como vehículo de reforma social, creyendo que con ello, no sólo avanzan en ciertas ideas sobre lo que ellos estiman es lo justo, sino que podrían mejorarse los niveles de aprobación del Poder Judicial ante la opinión pública. Eso sería nefasto.

¿Cómo se puede corregir la práctica del activismo judicial?

SV: Atendido el diseño de un Poder Judicial independiente, la posibilidad de que existan sentencias activistas siempre estará presente. Por lo anterior, los esfuerzos deben estar dirigidos a controlar las consecuencias del activismo y a generar los incentivos para desestimularlo. Combatir el activismo es una lucha permanente que debe darse desde varios frentes. Por un lado, debe presionarse por la generación de metodologías judiciales que hagan más rigurosas las sentencias, cuestión que debe ser promovida desde la Corte Suprema, controlada por ésta y también por el mundo académico. La Academia Judicial y las Facultades de Derecho también pueden colaborar desde sus respectivos roles. Por otro lado, tenemos propuestas concretas para revisar el sistema de evaluación de los jueces, los modelos de nombramientos y otros arreglos institucionales relevantes. Un conjunto de medidas que contribuyan a estimular una cultura judicial respetuosa del Estado de Derecho, pueden promover un escenario poco amigable con el activismo judicial.

¿Consideran necesario para avanzar en materia de control que se realice una evaluación por desempeño de los jueces? Este modelo ha sido exitoso en otros países.

JFG: Es importante debatir sobre esta materia y estudiar lo que han hecho otros países. Si bien nosotros proponemos medidas concretas, creemos necesario seguir profundizando en ello para abandonar algunas creencias alarmistas en torno a este tipo de mecanismos. Un buen sistema de evaluación, lejos de afectar la independencia judicial, puede fortalecer el poder de los jueces y, finalmente, de la Corte Suprema en la administración de justicia. Afortunadamente, existen diversos actores del Poder Judicial que piden avanzar hacia un sistema de evaluación por desempeño, ya que éste les parece más objetivo que el actual.