A continuación reproducimos la carta de Daniel Montalva, investigador del Programa Legislativo, publicada en La Tercera:

No es novedad que ninguna institución financiera haya solicitado el "Sello Sernac", lo que incluso ha derivado en la presentación de proyectos de ley que proponen dicho sello como obligatorio para quienes ofrezcan productos financieros. Pero una institución que no funciona, no se arregla haciéndola obligatoria, sino que perfeccionándola.

Durante la tramitación del proyecto del Sernac Financiero se alzaron varias voces de alerta respecto de este tema, siendo la primera y más importante, que el sello debe estar asociado a los contratos de adhesión y no a la institución financiera. Esto se traduce en que el consumidor, al suscribir el contrato exija que éste cuente con el Sello Sernac para así tener garantías que dicho documento cumple con las normas establecidas en la ley del consumidor y que la institución que lo ofrece cuenta con una oficina de atención al cliente y cuenten con la herramienta del mediador o árbitro financiero.

Al asociar el Sello a la institución lo hace impracticable para los proveedores de productos financieros, debido a que debe presentar todos sus contratos de adhesión a la revisión del Sernac, pudiendo éste llegar a demorarse hasta 180 días en visarlos. Así todo nuevo contrato o incluso la modificación de algún contrato debe pasar por la revisión del Sernac lo que sin duda afecta las posibilidades de la institución de adecuarse a un mercado esencialmente dinámico.

Otro elemento importante, es que por causas externas al contrato, la institución podría perder el sello sin perjuicio que dicho documento cumpla a cabalidad con los requisitos establecidos en la ley, lo que parece a todas luces inadecuado porque daría una señal errónea tanto al mercado como a los consumidores.

Finalmente, existe un gran desincentivo para las instituciones financieras a obtener el Sello Sernac, ya que una causal para perderlo puede fundarse en la cantidad de reclamos presentados ante el Servicio en contra de un determinado producto, lo que parece excesivo cuando hablamos de productos que pueden ser suscritos por cientos de miles o incluso millones de personas.

En definitiva, si bien existe consenso en que la institución no ha funcionado, hay que perfeccionarla, no mediante su obligatoriedad, sino que en el sentido de hacerlo más claro para los consumidores así como atractivo para las instituciones financieras, para lograr así su objetivo inicial, que es dar mayor transparencia e información a los consumidores financieros.