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VIOLENCIA Y DERECHO

A propósito del paro nacional convocado hoy por la CUT y otras organizaciones estudiantiles y gremiales, nuevamente aparecen las imágenes de violencia y destrucción a manos de encapuchados que, lamentablemente, han pasado a formar parte ineludible de las manifestaciones y protestas de los últimos 2 años. José Francisco García, Coordinador de Políticas Públicas de LyD, asegura que el impacto no es sólo negativo respecto de la propiedad pública y privada, sino de otros derechos constitucionales de terceros afectados, típicamente vecinos, comerciantes o transeúntes en términos de libertad de desplazamiento, integridad física o libertad de emprendimiento.

Lo anterior contrasta con la votación que se produjo hace solo 2 días en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, donde por 7 votos de la Concertación (Araya, Burgos, Ceroni, Cornejo, Díaz, Harboe y Saffirio) contra 5 de la Alianza (Monckeberg (Cristián), Cardemil, Calderon, Letelier y Rosales), se rechazaron normas relevantes del proyecto que fortalece el resguardo del orden público (Boletín N° 7975), que busca precisamente mejorar la regulación asociada a la comisión de delitos por parte de encapuchados con motivo de una manifestación y también a quienes hacen barricadas e impiden el paso de los vehículos de emergencia con motivo de los desórdenes.

Se trata de un proyecto que ha sido criticado desde el comienzo como “ideológico”, que busca “criminalizar la protesta social” y “sentar las bases de un Estado policial”, y en donde, en realidad poco se ha debatido en torno a la idoneidad de los medios regulatorios utilizados por el proyecto para perfeccionar legalmente el equilibrio de todos los bienes en juego –los derechos de quienes protestan y los de terceros–, sino de la ilegitimidad del fin perseguido.

Subyace a esta visión una mirada pobre respecto de los derechos fundamentales y el sentido más profundo del rol del Estado en una sociedad libre: garantizar la seguridad individual como condición del disfrute de las libertades más básicas de los manifestantes, claro está, pero también de las víctimas de la violencia. Si bien se trata evidentemente de un proyecto que ha ido siendo perfeccionado desde la perspectiva del instrumental regulatorio propuesto en su tramitación legislativa, busca visibilizar los derechos de las víctimas de la violencia que generan las protestas.

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