A continuación reproducimos la columna de Constanza Hube, investigadora del Programa Legislativo, publicada en La Segunda:
Actualmente se está discutiendo en la Comisión de Constitución del Senado un proyecto que renueva la vigencia de una ley sobre acceso a la titularidad de los docentes a contrata. Esta iniciativa toma como base la Ley Nº 19.648, que fue aprobada durante el Gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle y que tuvo por objeto disponer por única vez que los profesores que hubieran prestado servicios continuos por más de tres años a contrata debían pasar automáticamente a tener la calidad de titulares.
Además de la curiosidad de renovar la vigencia de una ley que ya cumplió su objetivo, este proyecto parece atendible, ya que tiene por objeto reivindicar la importancia de la función docente. Sin embargo presenta vicios de constitucionalidad, que en caso de aprobarse generaría muy malos precedentes.
Por una parte, esta moción debiera haber sido de iniciativa presidencial porque tiene relación directa con la "administración financiera o presupuestaria del Estado". En efecto, la mantención en el establecimiento educacional de los docentes a los que hace referencia el proyecto, implica la obligación de pagar remuneraciones u otras retribuciones a que dichos profesores tendrían derecho afectándose los fondos del Estado y las estimaciones presupuestarias. Así por lo demás lo señaló el entonces Ministro Secretario General de la Presidencia, José Miguel Insulza a propósito de un veto enviado por el Ejecutivo al proyecto que dio origen a la Ley Nº 19.648. Junto con eso, la iniciativa implica aumento de gasto, ya que el Congreso solo puede aceptar, rechazar o disminuir gastos, pero en ningún caso aumentar.
En otro orden de cosas, pero no por ello menos importante, esta iniciativa evade la exigencia de que para tener calidad de titular de un cargo se exige la realización de concursos públicos, seleccionando a los postulantes mediante procedimientos técnicos, imparciales e idóneos, que aseguren una apreciación objetiva de aptitudes y méritos (Ley de Bases de Administración del Estado).
Así, de aprobarse esta iniciativa, no sólo se estaría vulnerando la Carta Fundamental, creando un precedente peligroso para futuras mociones parlamentarias, sino que además se estará atentando contra una de las bases de nuestro sistema de acceso de empleos públicos, cual es la idoneidad por medio de la capacitación y perfeccionamiento de quienes los ocupan.
