El gobierno ha propuesto reajustar el salario mínimo a $207.000, lo que equivale a US$ 411. El reajuste propuesto, de 7,2% nominal, es muy alto en términos reales, si se considera que en los últimos doce meses la inflación es de 0,9%, es decir, un reajuste real de más de 6%. También es alto si se considera la expectativa inflacionaria para los próximos doce meses (2,4%), lo que significa un reajuste real esperado de casi 5%. Ambas cifras superan con creces los reajustes otorgados durante los gobiernos de la Concertación (en torno a 2% promedio anual). Por último, si se compara con la variación de precios de alimentos en los últimos doce meses, de 4,9%, el reajuste también sobre compensa por este ítem. No sólo en términos de variación el reajuste es elevado, sino que también deja el nivel de salario mínimo como el segundo más alto de América Latina, después de Costa Rica. Este hecho evidenciaría que sólo cuando este precio se maneja en forma responsable a lo largo del tiempo, es posible lograr mejorías permanentes en la situación de los trabajadores. Es así como países como Argentina y Venezuela, que otorgaron importantes reajustes salariales en la segunda mitad de la década pasada, sólo lograron mejorías de muy corto plazo, hoy inexistentes producto de una inflación creciente. Nuestro país, con una reducida tasa de desempleo y un aumento importante de la productividad en 2012, se encuentra en condiciones sustentables para otorgar este reajuste y permitir una mejoría real en las condiciones de vida de vida de un grupo decreciente, pero aún importante de trabajadores chilenos.
Un punto muy relevante en la discusión es el número de trabajadores que gana el salario mínimo. La cifra está en torno a 700 mil trabajadores. Sin embargo, de este total, son cerca de 400 mil los que son jefes de hogar, y de éstos los que además son el único ingreso de la familia, son cerca de 150 mil trabajadores.
¿Por qué entonces no podemos ir más allá y beneficiar a este grupo con un reajuste aún mayor? Son varias las condicionantes que llevan a otorgar un reajuste realista, ya que en caso contrario se podría terminar beneficiando a un grupo, pero perjudicando a otro mucho más numeroso, y en ocasiones, en condiciones de mayor vulnerabilidad que esos 150 mil jefes de hogar que viven sólo de ese ingreso:
• Si bien la tasa de desempleo se encuentra algo por sobre un 6%, la tasa de desempleo para los jóvenes entre 15 y 24 años es de 17,2%, y contrario a la tasa promedio, no muestra una tendencia decreciente en los últimos dos años. Si además medimos la tasa de desempleo juvenil en el primer quintil de ingresos, los datos de la CASEN 2011 entregan una cifra de 45%. Es decir, cerca de la mitad de los jóvenes del 20% más pobre que quiere trabajar, no encuentra trabajo. Estamos hablando de más de 70 mil jóvenes, y de 125 mil si incorporamos al segundo quintil.
• Estas cifras de desempleados además esconden parte del problema, ya que son muchos los jóvenes de los estratos más bajos que no participan del mercado laboral, no estudian ni trabajan, y que por lo tanto, caen en situaciones de riesgo social. Son más de 300 mil jóvenes en el primer quintil que están en esta condición, y que al salario mínimo vigente son menos atractivos que trabajadores con más experiencia. Un salario mínimo muy alto agravaría estos números.
• Una situación no muy distinta se ve en el caso de las mujeres de los dos primeros quintiles de ingreso. De acuerdo a la CASEN 2011 existen 209 mil mujeres desempleadas en los dos primeros quintiles (25%) y más de 2 millones de mujeres inactivas en ese segmento, con una tasa de participación laboral de sólo 30%.
• No terminan ahí los grupos afectados por un salario mínimo muy alto, ya que también debemos considerar el efecto que se produce para las pequeñas empresas, que son las que en mayor proporción pagan el salario mínimo a sus trabajadores. Un salario muy elevado puede dañar la viabilidad de esas empresas. El 54% de los jefes de hogar del primer quintil de ingresos trabaja en empresas de menos de 10 trabajadores, y sólo un 17% lo hace en grandes empresas. Estos números constituyen una evidencia bastante clara de que un alza muy significativa del salario mínimo puede finalmente ser una política regresiva, en el sentido de dañar a los sectores de bajos ingresos.
Se puede ver entonces que el alza del salario mínimo debe equiparar el beneficio que recibe un grupo de trabajadores, con el costo que genera a jóvenes y mujeres con escasa o nula capacitación, que caen en situaciones de riesgo social. A esto se suma el daño que se produce en micro y pequeñas empresas que ven afectada su viabilidad. Este ha sido el criterio que ha primado en el país desde hace mucho años en la fijación de este precio, y no parece razonable que los mismos que antes actuaron en forma responsable busquen ahora obtener dividendos políticos con propuestas que parecen poco prudentes.
Por otra parte, el proyecto de ley de reajuste reitera la necesidad de avanzar en la implementación de una institucionalidad permanente para establecer el reajuste. Esto parece positivo y muy necesario, considerando que en los últimos años la discusión política de este reajuste ha tendido a dejar de lado los aspectos esencialmente técnicos que tiene este reajuste, lo que precisamente termina por perjudicar a quienes supuestamente se quiere beneficiar.
