A continuación reproducimos la columna de Francisco Klapp, Investigador del Programa Económico, publicada en La Segunda.

Aumentar el impuesto de 1° Categoría a 25% y llevar la tributación de los dueños de empresas de la actual base percibida a devengada; cobrar interés sobre las utilidades tributables aún no retiradas o distribuidas bajo la premisa de que se estaría haciendo un préstamo gratuito a la empresa por parte del Estado, hasta que estas utilidades sean retiradas. Los peligros y dificultades de estos dos "ofertones tributarios" que planteaban las candidaturas de Bachelet y Velasco, respectivamente, han sido comentados en extenso y hasta no conocer más detalles, se ven bastante perniciosas.

Pero no todo parece ir en la dirección de aumentar la recaudación a cualquier costo. Desde el bloque opositor se escuchan tres propuestas adicionales muy atractivas, una de las cuales el mismo Milton Friedman antes hiciese suya. Estas medidas corresponden al impuesto negativo al trabajo (Velasco) y la exención del retorno normal del ahorro de las personas, junto con la racionalización de los impuestos al tabaco y el alcohol (Bachelet).

La primera de las propuestas del ex-candidato Velasco -atribuida originalmente a Juliet Rhys-Williams y luego al famoso profesor de Chicago-, consiste en agregar progresividad al impuesto al trabajo (2° categoría) al incluir “tasas negativas” para quienes ganen bajo cierto monto y que hoy estarían exentas. Sólo a modo de ejemplo, aquellos que reciban entre el salario mínimo y $ 300.000 recibirían un subsidio estatal -por decir una cifra- de 20% (un impuesto negativo de 20%) el cual iría cayendo de manera progresiva a medida que crecen los ingresos hasta llegar a aquellos que reciben más de 13,5 UTA ($ 550.000 mensuales aprox.) y que enfrentan tasas de impuesto positiva, y por lo tanto, deben pagar impuesto. Esto equivale a un subsidio generalizado a los trabajadores de menores ingresos. Fomenta el empleo, la incorporación al mundo laboral, el trabajo formal, y constituye una manera más eficiente que un sueldo mínimo “demasiado elevado” para mejorar el nivel de vida de muchos chilenos. Hoy existe un subsidio de este tipo -de manera bastante tímida- para los jóvenes menores de 25 años y para un número limitado de mujeres.

La segunda de estas medidas, eximir de impuestos a las personas por las ganancias percibidas por el ahorro que realicen en instrumentos financieros hasta un tope correspondiente a la rentabilidad de instrumentos sin riesgo, constituye una forma de fomentar el ahorro. Especialmente considerando las distorsiones que existen en cuanto a la tributación de las personas que no hacen más que castigar el ahorro, favoreciendo el gasto. Esto resultaría positivo e introduce elementos de equidad horizontal, pero parece limitado ya que sólo considera el retorno libre de riesgo, perjudicando las alternativas de mayor retorno y riesgo, en que las personas realmente ahorran. Por lo tanto, aunque la intención es acertada, este sería un incentivo bastante limitado, pero puede ser el comienzo de algo más profundo.

Por último, se propone reemplazar el actual impuesto a las bebidas alcohólicas por uno específico, igual a 20 UTM por cada 100 litros de alcohol puro incluido en cada bebida, además de reemplazar el actual impuesto a los cigarrillos por uno específico por cantidad, que mantenga la recaudación en su nivel actual. Estas medidas incorporan correctamente la noción de que los impuestos al alcohol y al tabaco deben verse -más allá de su capacidad recaudatoria- como instrumentos para reducir su consumo, considerando las externalidades y las conductas irracionales que generan. Se trata de una medida acertada, ya que el impuesto que se aplique sobre las bebidas alcohólicas debe ser función del componente mismo que genera la externalidad. Así, para las bebidas alcohólicas éste debe ser un monto fijo de dinero por volumen de alcohol puro contenido en la bebida. Este impuesto unitario -en comparación con el impuesto ad valorem que se aplica hoy- evita la posibilidad de sustituir hacia alcoholes de menor calidad, no grava injustificadamente productos de mayor precio y establece una relación directa entre contenido alcohólico y tributación, algo que apenas se da en el sistema actual, donde el vino y la cerveza están sujetas a una tasa ad valorem del 15% y los destilados a una del 27%. En cuanto a los argumentos para gravar el tabaco, la lógica es la misma. La magnitud de la externalidad negativa se relaciona con la cantidad de cigarrillos comprados y no con el valor de los mismos, por lo que un impuesto unitario por cajetilla o número de cigarros es lo más adecuado. El impuesto cobrado hoy es prácticamente en su totalidad ad valorem, y fue recién en la Ley 20.455 que se le introdujo un leve componente fijo de 0,0000675 UTM por cigarrillo ($ 2,7 aprox.), el cual posteriormente se volvió a aumentar a 0,000128803 UTM ($ 5,15) por unidad con la Ley 20.630 de 2011.

No todo son alzas de impuesto y búsqueda de mayor recaudación -cueste lo que cueste- en las propuestas de la Concertación, al menos tres elementos apuntan a mejorar en eficiencia, empleo y  ahorro.