A continuación reproducimos la columna de José Francisco García, Coordinador de Políticas Públicas, publicada en La Tercera:
Tras 10 años de debate, y cuando el proyecto de ley que regula el lobby comienza a terminar su tramitación, ha resurgido, mediante una indicación de diputados de la Concertación, la idea de establecer un registro de los sujetos activos de lobby (lobbystas). No sólo se trata de un retroceso que podría atrasar la aprobación del proyecto, sino que hay una serie de argumentos en el debate comparado que muestran las falencias de este enfoque regulatorio.
Más allá de la coyuntura, la aprobación de este proyecto puede considerarse un avance importante considerando que el enfoque que se ha adoptado por parte del Ejecutivo –que introdujo cambios sustanciales al proyecto original mediante indicación sustitutiva de mayo de 2012–, se basa en asegurar, mediante una estricta regulación pro transparencia centrada en los sujetos pasivos de lobby (autoridades), el principal objetivo perseguido: preservar la transparencia, apertura, eficacia e integridad del proceso de toma de decisiones públicas, como lo ha señalado la OCDE.
Tampoco debemos perder de vista que hay poco más de una decena de países en el mundo cuentan con una ley de lobby, lo que deja a Chile a la vanguardia en esta materia. En efecto, encontramos que, por ejemplo, Australia, Canadá, Estados Unidos, Polonia, Hungría y Francia cuentan con regulación legal, como también el Parlamento europeo. Junto con Chile, países como Italia o México están discutiendo esta cuestión.
El modelo centrado en tener registros de los sujetos activos de lobby ha sido objeto de severas críticas. En Estados Unidos, donde impera este sistema, se ha sostenido, por ejemplo, que son de difícil exigibilidad (enforcement); excesivamente burocráticos; con altos costos en tiempo y recursos para mantener registros y completar los formularios exigidos; potenciales lesiones a la libertad de expresión; y objeto del problema del “exceso de información”, que podría no tener ningún impacto en la audiencia, ni el interés o la habilidad de éstos para procesar dicha información, estableciendo vínculos relevantes y sacando conclusiones útiles. Esta experiencia negativa ha servido para que en otros países se haya optado por un modelo basado en medidas pro-transparencia y auto-regulación.
En efecto, ¿por qué son los lobbystas los principales promotores del sistema de registro? El argumento es muy simple: mediante el establecimiento de registros de los sujetos activos se busca “cerrar” el negocio de la influencia en la toma de decisiones públicas, creando la sensación, de que es sólo a través de un lobbysta profesional que cualquier tipo de persona, natural o jurídica tienen posibilidades reales de influir en las decisiones públicas. Asimismo, a los lobbystas les interesa la información que puede ser exigida para obtener información, a bajo costo, de sus competidores en el mercado: sus clientes, áreas estratégicas, etc.
En este contexto, el proyecto de ley del actual Gobierno es uno sensato en la medida en que, respetando los objetivos que este tipo de regulaciones persigue –aumentar la transparencia, la apertura, eficacia y la integridad del proceso de toma de decisiones públicas–, evita un modelo excesivamente burocrático y sobre-regulado como el norteamericano y también descarta modelos basados solamente en la auto-regulación.
