Hoy se dio a conocer la Encuesta de Victimización Paz Ciudadana-Adimark relativa al primer semestre de este año.
José Francisco García, Coordinador de Políticas Públicas de LyD, asegura que en términos generales, el principal indicador se mantiene estable. En efecto, desde la perspectiva de los hogares en que algún miembro de la familia ha sido víctima de robo o intento de robo en los últimos 6 meses, se pasa desde un 36,6% de diciembre de 2012 a 37,6%, no siendo un aumento estadísticamente significativo. Por otra parte, si se compara respecto de julio de 2013, sí se produce una reducción (desde el 39,3%). Sí se encuentra un aumento estadísticamente significativo en Santiago, donde la victimización pasa del 37,7% de diciembre de 2012 al 39,8% del primer semestre 2013. Igualmente preocupante es el aumento de la victimización según nivel socioeconómico donde en el bajo pasa desde el 32,8% de julio de 2012 al 37,3% del primer semestre de 2013.
También destaca, el que el 26,1% de los hogares en Chile concentre el 89,8% de los robos e intentos de robos, y el que la revictimización de más de 3 veces pase del 9,5% al 10,2% entre diciembre de 2012 y julio de 2013. Respecto del nivel de violencia en los barrios, preocupa el aumento de la percepción media (de 36,9% en diciembre 2012 a 45,9% en julio 2013) y alta (26,6% de diciembre 2012 al 28,8% de julio 2013).
Para García, las cifras anteriores nos llevan a concluir que la seguridad ciudadana sigue siendo un desafío relevante, que debe ser enfocada mediante la lógica de los focos delictuales, y por consiguiente, a ser abordadas desde políticas y acciones focalizadas.
En esta materia el Plan Chile Seguro 2010-2014 ha hecho avances importantes. Por ejemplo, mediante el programa Barrio en Paz, basado en la evidencia, que traslada políticas de prevención (y control) de la comuna al barrio. Ello, no obstante, requiere de evaluaciones y perfeccionamientos. En efecto, se requiere contar con una metodología sofisticada de selección de barrios; aumentar los recursos entregados. Junto con lo anterior, también se ha desarrollado el Plan La Legua, cuyo objeto es disminuir la violencia en el espacio público, tanto en prevención como control, que involucra a 5 ministerios y cuya característica más relevante es la participación de la comunidad.
Finalmente, respecto de la evaluación del desempeño policial, si bien estamos en principio ante una evaluación positiva, preocupa que disminuye la buena evaluación por parte de las víctimas (a nota 4,6).
Como lo propuso la comisión de expertos de “reforma a la reforma procesal penal”, ello demuestra la necesidad de avanzar en la capacitación de las policías, en particular de Carabineros, en la primera reacción ante la comisión de un delito. Pensando en el largo plazo, ello también nos debe llevar a vincular los salarios, premios y ascensos en la carrera policial al desempeño de los funcionarios policiales (evaluación por desempeño). La información que entrega el STAD hace posible avanzar en esta dirección.
