En el documento sobre propuestas de reforma tributaria de Michelle Bachelet se plantea: “En los últimos años, el SII ha sufrido un estancamiento en su proceso modernizador e incluso un retroceso en áreas claves, como la fiscalización y la inversión tecnológica. El resultado de esto ha sido un incremento de la tasa de evasión, a niveles superiores al 20% en el caso del IVA. Esto, luego que en la década pasada estuviera bajo el 10%, cifra comparable con la de los países desarrollados con mejor cumplimiento tributario”.
A partir de esta premisa, la candidata justifica las medidas que se adoptarían, entre otras, para robustecer al SII.
Minimizar el fraude y la evasión fiscal constituye una alternativa real a subir impuestos, dados los ingresos extraordinarios que el Fisco podría percibir. Sin embargo, la propuesta resulta muy compleja y discutible. Una norma de estas características no distinguiría a quienes abusan de las normas jurídicas, de quienes legítimamente sólo están hacen uso racional de los instrumentos tributarios disponibles, generando una indefinición no deseada.
Las PYMES deberán destinar mayores recursos al pago de impuestos, perdiendo liquidez, y además deberán buscar financiamiento para solventar capital de trabajo y obligaciones financieras. Si estos recursos se consiguen a través de endeudamiento, estarían afectos a una tasa de impuesto y estampillas mayor a la actual.
