A continuación reproducimos la columna de Francisco Klapp, investigador del Programa Económico, publicada en La Tercera:
Recaudar impuestos para financiar el gasto público es imprescindible, no hay quien lo niegue, pero todos los beneficios del actuar estatal deben ser siempre comparados con los costos que las distintas formas de tributación imponen sobre la sociedad y los incentivos –muchas veces indeseados- que al final del día se generan. Hoy en la Concertación parece existir una convicción de que aumentar la carga tributaria es imperativo, y que 3 puntos del producto sería lo “razonable”, para llegar así a un nivel similar a la de los países OECD cuando estos tenían nuestro nivel de desarrollo.
Estableciendo con ello una dudosa relación entre mayor tributación y desarrollo, independiente de qué proyectos –buenos o malos- proponen financiar con los US$ 9.000 millones que anualmente pasarían de las personas al Estado. Para lograrlo, se propone al impuesto corporativo como candidato, pues mal que mal, la tasa –aunque no la recaudación obtenida- sería más baja que la de nuestros referentes europeos; y porque de paso se daría la señal de estar gravando a los “acaudalados2 dueños del capital, aunque bien sabemos que quién efectivamente pagará el impuesto, por cambios en precios de bienes e insumos, es a priori bastante incierto.
Volviendo a estos costos que deben considerarse, tradicionalmente se reconocen al menos dos canales a través de los cuales se producen distorsiones que disminuyen la inversión: aumento del costo de capital y disponibilidad de fondos internos.
Al financiar un proyecto, los inversionistas exigen una rentabilidad acorde al mercado y al riesgo que asumen, pero en un mundo con impuestos a las utilidades, el retorno relevante es aquel neto de todas estas obligaciones, es decir, el que realmente “termina en sus bolsillos”. Mientras mayor sea el impuesto, mayor será el rendimiento antes de impuesto exigido por el mercado a los proyectos, precisamente para que después de ser gravados cubran los retornos originalmente exigidos. De lo anterior resulta natural esperar que ante un alza de estos impuestos, aumente el costo de capital de las empresas y se genere una disminución de la inversión, especialmente aquellos proyectos que antes apenas si eran atractivos y por lo tanto después del impuesto simplemente ya no lo serán.
Por otra parte, la disponibilidad de fondos internos se refiere a las ganancias que la empresa obtiene y que puede usar para financiar sus proyectos de inversión. Las empresas pequeñas y emergentes son más dependientes de este tipo de financiamiento interno, ya que son consideradas más riesgosas y enfrentan restricciones al financiamiento externo, sea éste bancario o vía emisión de deuda y acciones. En este contexto, un impuesto a las utilidades retenidas disminuirá los fondos disponibles para la reinversión, perjudicando en mayor medida a las PYME, que tendrán que dejar de lado proyectos interesantes para, con sus ganancias, financiar al Estado.
Los trabajos que estudian lo sucedido en Chile, en general sugieren que este segundo efecto es especialmente relevante, por lo que al final del día un alza generalizada del impuesto a las empresas afectaría especialmente a las PYMES, siendo éstas y sus trabajadores quienes carguen con lo más doloroso de financiar el –no siempre necesario- mayor gasto estatal, lo que por supuesto se debe considerar.
