A continuación reproducimos la columna de Natalia González, Directora del Programa Legislativo y Susana Jiménez, Economista Senior de LyD, publicada en El Mercurio:

Esta semana se votaría en la Comisión de Minería y Energía del Senado el proyecto de ley que introduce mejoras al procedimiento para otorgar concesiones eléctricas. Aún cuando perfectible, se trata de una iniciativa legal cuya aprobación resulta muy relevante para el país debido al retraso significativo, y cada vez más frecuente, que se advierte en la obtención de los permisos, autorizaciones o actuaciones administrativas requeridas para desarrollar infraestructura energética. Ello se traduce en problemas para cumplir con los plazos comprometidos, una mayor incerteza para evaluar los proyectos, la paralización de obras y mayores precios de las servidumbres, todo lo cual redunda en un mayor costo de la energía. La aprobación de este proyecto resulta, por tanto, necesaria y urgente, pese a lo cual se prevé será complejo alcanzar acuerdos respecto de ciertas materias.

Es sabido que el sistema de transmisión ha mostrado congestiones e inseguridades, a lo que se suman dificultades para el desarrollo de ampliaciones y nuevas obras. Resolver estos problemas es clave para un país cuyos requerimientos de suministro se duplicarán en la próxima década, lo que demandará un sistema de transmisión con capacidad suficiente. Frente a esta realidad, la iniciativa introduce una mejora relevante, puesto que simplifica el proceso concesional por la vía de, entre otros, acortar los plazos de tramitación de las solicitudes, precisar las observaciones u oposiciones que pueden presentarse en el procedimiento y simplificar el trámite de notificaciones; todo lo anterior con el debido resguardo de los derechos de terceros. Cabría esperar, por tanto, que se produjeran los consensos necesarios entre los distintos sectores políticos, en aras del interés general que está detrás.

Sin embargo, se han incorporado en la discusión cuestiones de otro orden que pueden terminar por entrampar la iniciativa. Así, se ha intentado resolver en este proyecto de ley cuestiones de carácter general que superan con creces al sector eléctrico y, específicamente, el procedimiento concesional. Nos referimos a la protección de nuestras áreas silvestres y la eventual aplicación de la consulta indígena. Aún cuando se trata de materias por cierto relevantes, no parece apropiado que ellas se aborden con una mirada sectorial y parcial y menos que se intente marcar un precedente para futuras modificaciones legislativas en otros sectores productivos.

Por su parte, y con miras a los objetivos buscados con la iniciativa de ley, resulta necesario a nuestro juicio, que el proyecto se corrija para hacerse cargo de quienes, con fines especulativos o ideológicos, buscan paralizar obras que se construyen para entregar un servicio público al país. Lo anterior beneficia a unos pocos (en condiciones cuya legitimidad es cuestionable), a costa del bienestar del resto de la población.

Es de esperar que el Ejecutivo y el Congreso puedan llegar a buen consenso sobre este importante proyecto de ley. Hoy resulta más relevante que nunca que nuestra institucionalidad energética cuente con procedimientos adecuados y expeditos que, cautelando los derechos de todos los actores involucrados, permitan la materialización de las inversiones necesarias para un sostenido desarrollo económico y social del país.