Datos de la Cámara de Comercio de Santiago muestran que tras el llamado "borronazo" del DICOM en febrero de 2012, hay un total de US$ 1.212 millones de deudas morosas nuevas en el Boletín Comercial.

Esto es algo que se había advertido.  Cecilia Cifuentes explica que cuando se aprobó este proyecto, se dio como argumento el que esta ley “da una segunda oportunidad, ya que todos nos podemos equivocar”. El problema es que cuando estas políticas de “borrón y cuenta” se empiezan a repetir (ya se había hecho algo equivalente en 2001) afectan el comportamiento del deudor, por lo que no sólo pierden el efecto esperado, sino que generan graves problemas adicionales. "Son equivalentes a “romper el termómetro cuando hay fiebre” situación en la que no pierde el médico, sino el enfermo", asegura.

La ley ha estado lejos de cumplir su objetivo principal cual era mejorar el perfil de deuda de la clase media y media baja. El costo, sin embargo, es bastante alto, y además se distribuye en una forma que parece injusta. Primero, se afecta negativamente el comportamiento de pago de los deudores, que empiezan a percibir una menor sanción en caso de no cumplir sus compromisos. Segundo, la información de la calidad de los deudores es muy valiosa para el sistema financiero, al no tenerla aumenta el riesgo del negocio crediticio, lo que se traduce en mayores cobros de intereses. Es interesante señalar que la tasa de interés promedio para los deudores en pesos de montos inferiores a 200 UF ha mostrado una clara tendencia al alza, mientras caen las tasas de crédito para montos altos, lo que evidencia el carácter regresivo de la medida. Pero eso no es todo, este mayor costo de crédito afecta a todos, buenos y malos deudores, ya que las instituciones de crédito no tienen como discriminar. Es decir, no sólo es regresiva, sino que además su costo es absorbido por los deudores prudentes y responsables, a costa de los que viven esperando este tipo de medidas para abusar del sistema.

Es de esperar que estos “borronazos” no se vayan a transformar en norma, aunque es preocupante el hecho de que la llamada Ley DICOM fue aprobada por la unanimidad de ambas cámaras del parlamento.