Este martes 28 de mayo se convocó a una nueva marcha estudiantil. La intendencia de la Región Metropolitana permitió un recorrido por fuera de la Alameda, sin embargo, dirigentes estudiantiles han llamado a incumplir con el trazado autorizado, aludiendo al derecho a manifestarse, pero ignorando que como cualquier ciudadano, no están por sobre la ley.

Las principales razones por las cuales se convoca a esta manifestación siguen siendo pedir una educación superior gratuita, así como terminar con el lucro, entendido como la posibilidad de que entidades y personas privadas obtengan un legítimo retorno económico por su aporte, como ocurre de hecho, en algunos colegios particulares subvencionados.

Para María Paz Arzola, investigadora del Programa Social de LyD, ambas son políticas que tendrían un fuerte impacto en el desarrollo educacional de nuestro país, y que el movimiento estudiantil no ha sabido o no ha querido enfrentar. No hemos escuchado respuestas a preguntas que surgen naturalmente, como:

-          ¿De qué forma pretenden reemplazar a aquellos sostenedores que se retiren una vez que se les prohíba obtener un retorno por su trabajo y por su inversión durante todos estos años?,

-          ¿Habrá expropiación? ¿de qué forma será compensada?,

-          ¿Qué le dirán a ese más de millón de niños y sus familias que voluntariamente optaron por un colegio constituido como corporación con fin de lucro que ya no podrá operar de la misma forma?, ¿por qué se sienten con el derecho de coartar su libertad de elegir, y con la capacidad de decidir mejor que ellos mismos?

-          ¿Qué pasará con esos 8 de cada 10 jóvenes del 20% más pobre del país, que hoy no asisten a educación superior porque tienen restricciones previas que no se solucionan con la gratuidad de los aranceles, y que verán sus verdaderas carencias postergadas por una política injusta e inefectiva como ésta?

Más allá de lo anterior, cabe recordar que este Gobierno ha hecho un importante esfuerzo por aumentar los recursos dirigidos al financiamiento institucional y estudiantil. Es así como amplió los recursos dirigidos a las universidades estatales, que en tres años ha crecido más de lo que creció durante las dos décadas anteriores. Si desde 1990 a 2009, el aumento de recursos fue de poco más de $ 100.000 millones (de los que sólo $ 4.000 millones se adicionaron durante el gobierno pasado), la actual administración dio un aumento de más de $ 120.000 millones en apenas tres años. Del mismo modo, incrementó los recursos para el Fondo de Mejoramiento de la Gestión Municipal (FAGEM).

En cuanto al financiamiento estudiantil, se aumentó la subvención regular y subvención escolar preferencial, y se busca crear una subvención adicional para la clase media. En educación superior se aumentaron las becas hasta más de 300 mil este año 2013 (versus las 118 mil del año 2009), se aprobó una ley para permitir que los 130 mil deudores del FS pudieran reprogramar sus deudas, así como un proyecto para bajar la tasa de interés de las deudas del CAE desde un 6% a 2% real y de los antiguos créditos CORFO desde un 8% a 2% real. Nada de lo anterior ha sido reconocido por los estudiantes, e incluso vemos que estos beneficios han tenido una baja acogida: 96 mil jóvenes que tenían preasignada una beca, finalmente optaron por no matricularse, muchos de ellos porque preferían preparar nuevamente la PSU o porque tomaron la decisión de dedicarse a su familia; del total de candidatos a la reprogramación del FS, sólo un 18% se acogió al beneficio, y en CORFO adelantan que un 70% de los deudores no ha renegociado su deuda para hacer efectiva la nueva tasa de interés.

El que las ayudas no hayan tenido la acogida esperada demuestra que existe una discordancia entre lo que se escucha en la calle y las verdaderas necesidades. El tema del financiamiento no es la principal restricción que tienen los jóvenes para acceder a educación superior hoy. El énfasis no debiera por lo tanto ponerse en otorgar gratuidad de ese nivel educacional, sino en políticas que mejoren y den más oportunidades en los niveles previos, de tal forma de eliminar las verdaderas barreras con que se enfrentan quienes no logran acceder a la educación superior.