Esta novena versión del anuario de doctrina da cuenta de que 2012 fue especialmente controversial y rico en disputas jurídicas sofisticadas, constituyéndose en la más extensa de la serie con 19 artículos escritos por 25 destacados académicos y abogados.

Desde la perspectiva del Tribunal Constitucional, destacan fallos en materia de regulación económica; respecto de la Corte Suprema, varios comentarios giran en torno a la cuestión del “activismo judicial”; y, respecto del TDLC, dos de tres comentarios analizan la controversial regla per se.

A continuación se destacan algunos de los comentarios que recayeron sobre sentencias de alta connotación pública durante 2012:

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

1. Arturo Fermandois Vöhringer y Domingo Poblete

El debut de los tributos manifiestamente desproporcionados e injustos en el TC

En la sentencia de inaplicabilidad del Tribunal Constitucional (TC) en el caso conocido como intereses moratorios excesivos, Arturo Fermandois y Domingo Poblete celebran el giro que, en materia tributaria, toma dicho Tribunal; estamos, para ellos, ante “un verdadero santo grial del derecho constitucional: el tributo manifiestamente desproporcionado o injusto”. Al hacerlo y acoger la inaplicabilidad del inciso tercero del artículo 53 del Código Tributario, sostienen los autores, se registra un hito en la jurisprudencia del TC. El interés moratorio de 1,5% mensual aplicado a una deuda tributaria sobre cuya legalidad se litigó varios años,  no resultó para el TC armónico con la Carta Fundamental. Aplicando razones históricas, de proporcionalidad y de derecho comparado, la Magistratura estimó intolerable que el atraso en el pago de deudas tributarias –sólo imputable al Estado– fuera soportado por el contribuyente mediante una tasa irracionalmente alta. Asimismo, los autores examinan el voto de minoría de los ministros Bertelsen, Fernández, Carmona y García, redactado por este último, que buscó otra vía de análisis. La disidencia se centra en la perspectiva de los intereses penales como una cláusula penal, de fuente convencional, que no sería abusiva ni desproporcionada, atendiendo a una comparación con los intereses aplicables en derecho comparado y a las tasas de interés vigentes en el mercado. En suma, el fallo constituye entonces un avance en la determinación de límites sustantivos al Poder Legislativo al momento de imponer exacciones forzosas a los ciudadanos. Con todo, el entusiasmo de los autores es limitado; les parece que el TC dejó pasar una oportunidad para profundizar aún más en torno a los criterios de un tributo injusto.

2. Gonzalo Guerrero Valle

Elecciones Primarias, Leyes Orgánicas y Técnica Legislativa: Revisión a la Sentencia Rol N° 2.324 del Tribunal Constitucional

Gonzalo Guerrero se refiere al control de constitucionalidad, en sede preventiva obligatoria, que realiza el TC del proyecto de ley sobre primarias. Se trata de una sentencia que, a juicio del autor, aborda diversos aspectos tanto de la regulación propuesta como de la regulación de las leyes orgánicas constitucionales. En efecto, el comentario analiza la sentencia en cuestión, identificando los criterios que el Tribunal Constitucional entrega para el análisis de la normativa orgánica constitucional, los cuales no sólo se encuentran contenidos en la sentencia misma, sino que en las diversas disidencias. Asimismo, se analizan las claves de la participación política identificadas por la Magistratura Constitucional y cómo la regulación legislativa les puede afectar. Por último, se destacan las diversas críticas deslizadas por el Tribunal Constitucional hacia la técnica legislativa utilizada por los órganos colegisladores.

CORTE SUPREMA

3. Manuel Antonio Núñez Poblete

¿Qué derechos constitucionales pueden tener el Estado y sus órganos en un Estado constitucional de Derecho? Entre los casos Patentes y Bombas

Manuel Antonio Núñez entrega un contundente comentario. Por una parte, examina críticamente la sentencia Municipalidad de Zapallar con Contraloría Regional de Valparaíso de la Excma. Corte Suprema, que sostiene que el Estado y sus órganos son titulares activos de los derechos fundamentales y de sus respectivas garantías constitucionales. Esta tesis será contrastada con la doctrina opuesta sustentada por el mismo Tribunal en años anteriores y reiterada en el caso Bombas. En la misma línea crítica, la doctrina de la titularidad y su consecuencia procesal –la  legitimación activa propia- es analizada desde dos ejes conceptuales: la doctrina liberal de los derechos y los procesos por conflictos de competencia.

4. Sergio Verdugo Ramírez y José Francisco García García

De los Principios Constitucionales al Activismo Judicial. El voto de minoría en el caso “Municipalidad de Pucón”

Sergio Verdugo y José Francisco García utilizan el voto de minoría en Ramírez Rojas con Municipalidad de Pucón para desarrollar los elementos centrales de aquello que la literatura ha denominado “activismo judicial”. Para los autores, obviar esta categoría de análisis y la literatura que la discute, puede ser un gran error y, probablemente, una ingenuidad. El activismo judicial, entendido como el uso de las decisiones judiciales como mecanismo de reforma social basadas en las preferencias personales de los jueces, es un fenómeno que, para los autores, tomó fuerza durante 2012 en nuestro país, siendo el voto de minoría de “Municipalidad de Pucón” un caso paradigmático que permite entender la manera en que los exponentes del activismo entienden el rol de los jueces y el Estado de Derecho en democracia. Entender esta filosofía judicial, examinarla críticamente y analizar brevemente sus consecuencias negativas para nuestro ordenamiento jurídico y democrático, son el núcleo del comentario que nos presentan.

Silvia Baeza Vallejo y Susana Jiménez Schuster

5. Cuando la justicia se transforma en regulador: Efectos de Castilla

En un esfuerzo que vincula lo jurídico y lo económico, Silvia Baeza y Susana Jiménez analizan el controversial fallo Castilla, también clasificándolo bajo el concepto de “activismo judicial”. Para las autoras, durante el 2012 y a partir de diversos fallos de la Corte Suprema, se ha planteado un debate respecto a la excesiva judicialización de los proyectos de envergadura sometidos para su aprobación al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Así, iniciativas de inversión, principalmente energéticas, a pesar de ser aprobadas por el órgano técnico, han sido vetadas al someterse, generalmente vía recursos de protección, al conocimiento de los Tribunales de Justicia. Esta tendencia se manifiesta con claridad en Castilla, donde la Corte no sólo desconoce el análisis técnico efectuado por el Servicio de Evaluación Ambiental, sino que excede en su interpretación el texto mismo de la ley. Además, este fallo es de suma relevancia para las autoras, por cuanto modificó el criterio vigente hasta su dictación, cual es entender que la ley permite que los proyectos sean calificados por etapas, ya que la prohibición de fraccionamiento se establece sólo cuando se intenta evitar la evaluación ambiental que corresponde. La decisión de la Corte entonces no sólo establece un estándar supralegal al desconocer que la presentación separada de proyectos distintos pero relacionados es ajustada a derecho, sino que además se atribuye la calidad de experto técnico calificando la pertinencia y contenido de los actos, cuando su función es resguardar su legalidad. Las autoras concluyen, en disidencia con lo resuelto por la Corte Suprema, que los fundamentos del fallo exceden el ámbito de atribuciones de los tribunales de justicia y que en consecuencia la sentencia constituye un ejemplo de lo que se denomina activismo judicial.

6. Arturo Matte Izquierdo

Recursos de protección y movilizaciones estudiantiles

Arturo Matte analiza las consecuencias jurídicas que dejaron tras su paso las movilizaciones estudiantiles de 2011. En efecto, evaluando once sentencias de Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema de 2012 que acogen recursos de protección interpuestos por alumnos cuyas matrículas fueron canceladas por haber participado en las movilizaciones estudiantiles y tomas de establecimientos educacionales ocurridas en el año 2011, el autor sistematiza los fundamentos invocados por estas sentencias, las que por su reiteración se han consolidado como jurisprudencia frente a este tipo de situaciones. El comentario realiza un análisis crítico de alguno de los fundamentos en los que se sustentan estos fallos y deja constancia de los riesgos que esta jurisprudencia significa frente a otras garantías constitucionales que también se han visto afectadas y que no han sido debidamente recogidas ni consideradas en los fallos que se analizan.

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

7. Críspulo Marmolejo González

Comentarios a algunos aspectos del caso de colusión de farmacias y sus proyecciones

Críspulo Marmolejo vuelve al denominado caso Colusión de Farmacias, el que constituyó durante 2012 uno de los hitos de investigación y decisión relevantes en el Sistema de Defensa de la Libre Competencia chileno desde la reforma del año 2003. Este trabajo analiza la estructura básica de la sentencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, confirmada por el fallo de la Excma. Corte Suprema, y que denegó los recursos de reclamación en contra de la sentencia del TDLC, interpuestos por Cruz Verde S.A y Salcobrand S.A. El trabajo también se refiere a algunas materias de la sentencia, tales como la determinación del mercado relevante, el problema del paralelismo y el acuerdo de conciliación de FASA.