La presencia de perros callejeros y vagabundos se ha convertido en un problema que afecta a gran parte del país. En algunas comunas de la capital se llegan a observar hasta 10 o más perros promedio por manzana, como es el caso de Cerro Navia, Renca, Quilicura, Pedro Aguirre Cerda y Lo Espejo. En el Gran Santiago, en tanto, se estima que existirían entre 177.000 y 285.000 perros sin supervisión deambulando por las calles . Esta situación se repite además en varias ciudades regionales como Calama, Valparaíso, Osorno y Punta Arenas. Es, por tanto, evidente que no se ha logrado abordar el tema de manera efectiva ni desde la autoridad sanitaria, ni tampoco desde la mayoría de los municipios.
Esta situación conlleva severos inconvenientes en materia de seguridad. La Seremi de Salud de Santiago estima que solamente durante 2011 hubo más de 35.000 casos de personas mordidas por perros vagos en el país . En los últimos meses, varios casos de ataques de jaurías de perros han tenido amplia cobertura mediática, lo que ha encendido el debate público .
Junto a lo anterior, la población se ha visto obligada a enfrentar problemas de salud pública debido a la presencia de animales en las calles. Los desechos que dejan en la vía pública contaminan el ambiente y favorecen la transmisión de zoonosis parasitarias. Estimaciones conservadoras señalan que estos desechos llegarían a 32 toneladas diarias sólo en la ciudad de Santiago. Consecuencia de ello, se calcula que un tercio de las plazas de Santiago y dos tercios de sus parques presentan contaminación con huevos de parásitos, mientras que en otras zonas -como la IV región- la población se ha visto afectada por enfermedades como el quiste hidatídico, que es transmitido por los canes . El Ministerio de Salud estima que en total se gastan alrededor de US$ 1 millón anuales para atender enfermedades y ataques realizados por perros vagos .
¿Perros abandonados o descuidados?
Contrario a lo que podría pensarse, la mayor parte de los perros que circulan sin supervisión en la vía pública tiene dueño. En efecto, se calcula que en Santiago un 63% de los perros que deambulan por la calle son animales con dueño que son liberados durante el día por sus propietarios. Sólo un 26% de los animales callejeros corresponderían a perros abandonados sin dueño. La fracción restante clasifica como perros “de vecindario”, es decir, sin dueño que se reconozca responsable de ellos, pero que son alimentados y protegidos por habitantes de una calle o pasaje .
Los perros abandonados tienen poca influencia en el crecimiento de la población canina debido a que su precario estado de salud les dificulta reproducirse. Por esa misma razón, estos animales tienen una esperanza de vida relativamente baja y no suelen atacar a la población producto de su debilidad. El problema radica, en cambio, en los llamados “perros callejeros” y “de vecindario”, animales con dueño o alimentados por un grupo de personas, pero donde nadie se hace responsable durante la mayor parte del día, permitiéndoseles deambular sin supervisión por las calles de la ciudad. La mayoría de estos animales no están esterilizados, por lo que son los principales causantes del crecimiento poblacional canino, lo que incrementa el número de perros y cachorros abandonados.
Parte de los cachorros que nacen y sobreviven son susceptibles de adopción, pero la alta velocidad de reproducción hace que se supere ampliamente la “tasa de absorción” de estos animales . Según cálculos de la Fundación CEFU, cada año nacen y sobreviven más de 700 mil nuevos cachorros, siendo que en Chile existe una capacidad de adopción de apenas la mitad de estos animales. Esto implica que unos 350 mil perros, nacidos de hembras con dueño, pasan a engrosar año a año la cifra de animales abandonados.
¿Culpa del animal? No. La responsabilidad recae directamente en los dueños de estas mascotas, porque no mantienen a los perros al interior de los hogares, no los supervisan al salir a la calle y/o no los esterilizan.
Lo que dice la ley chilena
Actualmente está en vigencia la Ley N° 20.380 sobre protección de animales, aprobada el año 2009 tras 10 años de tramitación. Esta ley prohíbe el maltrato, pero no establece normas sobre la tenencia responsable como obligación de los dueños, no sanciona el abandono, ni establece políticas de control de población.
Es por esto que a fines del 2009 el Gobierno de Michelle Bachelet presentó, mediante indicación sustitutiva a otro proyecto, una iniciativa de ley orientada hacia la tenencia responsable, que además establecía mecanismos para el control de la población canina. Este proyecto generó polémica entre organizaciones animalistas ya que autorizaba la eutanasia por parte de las municipalidades en caso de que los animales recogidos de la calle no fueran reclamados por ninguna persona después de un período definido de tiempo.
El actual Gobierno le quitó la urgencia a este proyecto en enero de 2010 y a fines del mismo año presentó una indicación sustitutiva. En ella se modificaron los artículos que permitían la eutanasia, estableciendo que los animales que no fueran reclamados serían entregados a ONG’s de protección animal.
El proyecto que se está tramitando actualmente en el Congreso establece además la creación del “Consejo Nacional de Protección Animal”, un organismo conformado por los subsecretarios de Interior, Salud, Educación, Agricultura y Hacienda. Este Consejo estaría encargado de elaborar una Estrategia Nacional de Protección de Población Animal, la cual deberá establecer lineamientos de política pública en cuanto a control y protección de la población de perros, teniendo en consideración el contenido de la Ley N° 20.380. La Estrategia deberá incluir, a lo menos, campañas de educación de tenencia responsable para toda la población; herramientas que faciliten una adecuada tenencia responsable; programas para prevenir el abandono e incentivos a la adopción de los animales; programas de esterilización masiva y obligatoria; sistemas de registro e identificación de mascotas; mecanismos para desincentivar la crianza y reproducción indiscriminada de mascotas o animales de compañía y asociaciones estratégicas con ONG’s promotoras de tenencia responsable para colaborar en el diseño e implementación de las distintas políticas. El proyecto es además explícito en cuanto a sancionar el abandono de animales en el espacio público, estableciendo penas de multa y permitiendo el decomiso del animal en caso de reincidencias.
Este proyecto ha tenido, en general, buena acogida en las organizaciones animalistas, excepto por la facultad de los municipios para recoger y entregar los perros abandonados a las ONG de protección animal para su mantención (hasta que sean dados en adopción,) dada la insuficiencia de recursos disponibles para ello. Además, como actualmente nacen y sobreviven perros en una cantidad mucho mayor que las posibilidades de adopción que entrega la población humana, ocurriría que muchos animales permanecerían en los albergues de las ONG sin esperanza de ser adoptados, lo que abultaría la carga financiera del Fisco y los municipalidades y desviaría recursos que podrían ser empleados en dar soluciones de fondo al problema.
Cabe señalar que junto a esta iniciativa legislativa, ha habido también esfuerzos por parte de algunos municipios por abordar el tema de los perros vagos. Mención especial merece la Municipalidad de Peñalolén, cuya Ordenanza pone énfasis en la tenencia responsable, estableciendo entre otras cosas la obligación de identificar a los animales ya sea mediante collares o chips electrónicos y la prohibición de dejar a los animales sueltos en la vía pública, bajo pena de multa. Igualmente, la Municipalidad de Santiago ofrece programas gratuitos de vacunación y desparasitado de animales e identificación con chips, así como planes de esterilización.
Hacia una política pública óptima
Cabe preguntarse hacia dónde debería apuntar una política pública adecuada para enfrentar el problema de los perros vagos.
Algunos plantean la eutanasia (eliminación de perros) como la manera más efectiva para reducir los perros en las calles, señalando que, realizada de manera indolora, no importaría mayor sufrimiento al animal. Es posible que la eutanasia se justifique en algunos casos; por ejemplo, cuando se evalúa al animal recogido de la calle y se determina que su debilitado estado no le permite ser susceptible de adopción. El temor es que una vez aceptada esta medida, sea considerada la primera opción y no la alternativa de última instancia, como debiera ser tratada.
Existen además razones fundadas para pensar que esta medida, por sí sola, no constituye una solución definitiva. Recurrir a la eutanasia implica hacerse cargo de las consecuencias, pero no las causas del problema, cual es la conducta irresponsable de los dueños de los animales que no se encargan de que permanezcan al interior del hogar y de supervisarlos cuando salen a la vía pública o, derechamente, abandonan a sus mascotas. Esto podría incluso constituir un facilitador del abandono al liberar al propietario de los costos que significa deshacerse del animal. Por lo demás, la eutanasia enfrenta alta oposición por parte de algunos grupos de la ciudadanía y organizaciones animalistas, además de estar prohibida por ley a excepción de los casos de rabia (hoy prácticamente erradicada).
La creación de albergues tampoco resuelve el problema. Una vez abiertos, se vería una reducción del stock inicial de animales en la calle; sin embargo, en la medida que no se logre frenar el abandono, sólo habrían servido para que los dueños se deshagan de sus animales en la calle con la seguridad de que estos irán a un albergue, financiado con recursos de todos. Además, transcurrido un tiempo, estos recintos no podrían aceptar más animales debido a que la tasa de reproducción y abandono de perros es superior a su tasa de absorción vía procesos de adopción.
La esterilización es otra de las medidas que recurrentemente se plantean para reducir la tasa de crecimiento de las poblaciones caninas. Un buen programa de esterilización y conciencia ciudadana podría, de hecho, ser parte de la solución, en la medida que logre reducir el crecimiento de la población canina hasta niveles cercanos a la “capacidad de absorción”, permitiendo que la totalidad de los animales que nazcan puedan ser dados en adopción. La pregunta a resolver es cómo se financian estos programas de esterilización masiva, debido a que los fondos requeridos para llevarla a cabo son considerables y en el ámbito de las políticas públicas siempre se deben evaluar los usos alternativos de estos recursos.
La solución de fondo, en todo caso, debe necesariamente estar orientada a cambiar la conducta de las personas respecto de sus animales. En efecto, una política pública adecuada debiera apuntar a “cerrar la llave” al abandono animal y no simplemente buscar medidas efectistas de corto plazo (como su eliminación). El que existan perros en la calle es reflejo de un problema de conducta social, que obedece a una percepción del animal como un objeto de consumo (y desecho), que se ve agudizado por la ausencia de penas por descuido o abandono.
Se requiere, por tanto, de medidas que hagan responsables a los dueños del cuidado de sus animales y de las conductas de éstos hacia los demás, así como también que eviten el abandono. En este sentido, resulta imprescindible impulsar iniciativas como las que promueve el proyecto de ley que actualmente se encuentra en segundo trámite legislativo. Esto permitirá avanzar en planes de esterilización masivos, hacer obligatoria la identificación de los perros -ya sea con collares o micro-chips que incluyan información sobre sus dueños y la forma de contactarlos- y establecer explícitamente la penalización del abandono, ya que la ley actualmente vigente sólo habla de maltrato y crueldad contra los animales, por lo que queda a criterio de los jueces decidir si consideran el abandono como una forma de maltrato o no.
También es posible cambiar las conductas por la vía de imponer multas (por mantener perros en la calle sin supervisión, por dejar desechos en los espacios y vías públicas, etc.), lo que se vería fortalecido con una fiscalización adecuada. Si se crea conciencia e instancias de reclamo, el control no solo quedaría a cargo de los carabineros e inspectores municipales, sino que también se haría extensivo a los propios residentes .
Debiera además evaluarse la posibilidad de establecer controles sobre los llamados “perros de vecindario” a nivel de municipios. La experiencia al respecto ha sido variada y concita opiniones encontradas, pero lo cierto es que la bien intencionada actuación de los vecinos que alimentan a los perros de la calle termina por aumentar el problema para el resto de la comunidad. En todo caso, es necesario que la Intendencia realice una labor de coordinación de las diferentes ordenanzas municipales, en pos de lograr cierta homogeneidad en cuanto a las normas de tenencia y protección, ya que aun si se toman las medidas correctas, estas no serán efectivas si se aplican solo en unas pocas comunas.
Conclusiones
La única manera de erradicar el tema de los perros vagos es atacando el corazón del problema, lo que significa acabar con el abandono. Para ello hay que implementar medidas que apunten a la tenencia responsable de animales.
Existen además otras medidas complementarias a la concientización y la promoción de la tenencia responsable que resultan costo-efectivas, como la esterilización. Según estimaciones de Fundación CEFU, con tasas de esterilización de 10% se podría lograr que la producción de cachorros llegue en menos de 10 años a un nivel que permita que todos los animales nacidos tengan oportunidades de adopción .
La eutanasia, en cambio, constituye una alternativa poco efectiva (sólo podría abarcar a los animales sin dueño), su costo podría ser incluso levemente superior al de la esterilización y además enfrenta una fuerte oposición por parte de organizaciones animalistas y sectores de la ciudadanía.
Una política basada en albergues, en tanto, es incluso más onerosa, puesto que los costos de mantención de cada perro podrían financiar la esterilización de varios animales. Además, dado que las oportunidades de adopción son menores que la cantidad de cachorros que nacen, estos albergues irían generando costos crecientes para las municipalidades y capturando recursos que podrían ser utilizados en políticas más efectivas.
Con todo, sólo un cambio de conducta de los tenedores de mascotas podría resolver verdaderamente el problema que hoy afecta a numerosas comunas del país. Medidas como la esterilización, caniles con programas de adopción y la eutanasia en casos extremos son sólo medidas complementarias que, sin un trabajo de mayor concientización, pueden terminar siendo incluso contraproducentes al facilitar el descuido y abandono animal.
