Este jueves 11 de abril se convocó a la primera marcha estudiantil del año. Los motivos, una vez más, son exigir “educación gratuita” y “fin al lucro en educación”.

Ha pasado ya bastante tiempo desde que comenzaron las manifestaciones estudiantiles el año 2011, y así como las razones de las protestas han ido cambiando, también las acciones que ha tomado el Gobierno como respuesta a las distintas demandas han sido diversas.

Las demandas de los estudiantes

REFORMA CONSTITUCIONAL

Respecto a las demandas de los estudiantes, se han ido radicalizando desde el año 2011, cuando comenzaron las manifestaciones. Es así como en un principio nada se dijo sobre una reforma constitucional, luego se pidió el reconocimiento del sistema educacional como actor fundamental por parte del Estado, y finalmente se exige que se garantice la educación como derecho social, con educación pública gratuita en todos sus niveles. En este sentido, se puede ver cómo la exigencia de derechos masivos ha reemplazado la noción de responsabilidad individual.

LUCRO

Del mismo modo, si en un principio se propuso transparentar el lucro en universidades, hoy se habla de terminar con el lucro en todo el sistema educacional, sin considerar el importante rol que juegan las instituciones con fines de lucro en el sistema escolar, aportando no sólo a la cobertura y a la diversidad, sino también a la calidad. Cabe recordar que hay más de 1.200.000 de estudiantes cuyas familias han escogido colegios constituidos como corporación con fines de lucro, de los cuales el 70% pertenecen a un sostenedor con un único colegio, en su mayoría profesores, y que muy distinto a lo que el movimiento estudiantil les enrostra, son gente honrada, que trabaja por un proyecto educativo laico en sectores vulnerables de nuestro país, que de otra forma se habrían visto postergados.

FINANCIAMIENTO

Respecto al financiamiento estudiantil, en un principio sólo se manifestaron ciertas dudas por la capacidad del sistema de becas y créditos, pero finalmente se terminó pidiendo no sólo la eliminación del Crédito con Aval del Estado, el cual, a pesar de sus imperfecciones ha permitido que alumnos, que de otra forma no hubiesen tenido acceso a los recursos efectivamente hayan podido estudiar, también la exclusión de aportes como son la banca y el financiamiento compartido en educación escolar. Hoy la única solución que pareciera dejar conformes a los críticos es que la educación superior sea provista y financiada exclusivamente por el Estado. Sin embargo, y más allá de los argumentos técnicos que derriban esta proposición, la educación “gratuita” es tremendamente injusta, pues implicaría aumentar el gasto público en más de US$ 6.000 millones para financiar los estudios de los jóvenes provenientes de los sectores más acomodados de nuestro país, en lugar de destinarlos a programas focalizados en quienes tienen necesidades más urgentes. Es claro que nada es gratis, alguien tendría que pagar de todas formas: ya no serían los privilegiados que asisten a educación superior, sino indirectamente las familias vulnerables de nuestro país que dejarían de percibir beneficios focalizados para la superación de sus carencias.

Las respuestas del Gobierno

El Gobierno, por su parte, ha enviado diversos proyectos de ley para responder a las verdaderas necesidades del país en materia de educación y, en muchos casos, a las demandas estudiantiles.

FINANCIAMIENTO

-Aumento de la subvención regular y subvención escolar preferencial, el incremento de recursos para el Fondo de Mejoramiento de la Gestión Municipal (FAGEM), y el proyecto de ley que envió el Ejecutivo para crear una subvención adicional de clase media para estudiantes del tercer quintil de ingresos.

- Aumento de becas: En educación superior hay 314 mil becas disponibles (versus las 118 mil del año 2009). Aún hay 15 mil cupos por falta de postulantes.

- Créditos: Se envió un proyecto de ley para reemplazar los Créditos con Aval del Estado (CAE) y del Fondo Solidario (FS), y fusionarlos en un único crédito estatal. Este proyecto no ha avanzado en su tramitación, motivo por el cual al gobierno le urgió tomar otras medidas para alivianar las cargas de los deudores: se aprobó una ley para permitir que los 130 mil deudores del FS pudieran reprogramar sus deudas, así como un proyecto para bajar la tasa de interés de las deudas del CAE desde un 6% a 2% real y de los antiguos créditos CORFO desde un 8% a 2% real. Sin embargo, en CORFO adelantan que sólo 30% de los deudores ha renegociado.

-Aumento del financiamiento institucional a las universidades estatales, que en tres años ha crecido más de lo que creció durante las dos décadas anteriores. Si desde 1990 a 2009, el aumento de recursos fue de poco más de $ 100.000 millones (de los que sólo $ 4.000 millones se adicionaron durante el gobierno pasado), la actual administración dio un aumento de más de $ 120.000 millones en apenas tres años.

FISCALIZACIÓN

-Implementación de la Agencia de Calidad y Superintendencia de Educación Escolar.

- En 2011 se envió proyecto de Ley que crea Superintendencia de Educación, que acaba de ser aprobado recién en general en el Senado.

- Proyecto de Ley que crea un nuevo Sistema de Acreditación Universitaria, en reemplazo de la actual Comisión Nacional de Acreditación.