Cecilia Cifuentes, investigadora del Programa Económico de LyD, enumera una serie de razones por las cuales una AFP estatal no soluciona el problema de baja densidad de cotizaciones de los trabajadores, ni tampoco aumenta la edad de jubilación.

• Difícilmente una AFP estatal podría tener una rentabilidad superior a la del sistema, considerando que el sistema chileno está dentro de los tres más rentables de la OECD. De hecho, se debe tener en cuenta que un fondo previsional manejado por el Estado está sujeto a fuertes presiones políticas en términos de gasto, por lo que los recursos pueden terminar financiando gastos políticamente rentables, pero perjudiciales para los cotizantes.
• Si hipotéticamente se lograra administrar en forma eficiente una AFP estatal, difícilmente podría cobrar comisiones más bajas que las que cobra actualmente la AFP Modelo, que están entre las más bajas del mundo por administración de cartera, por lo que no generaría mayor competencia en el sistema.
• Si se estableciera que la AFP estatal no cobraría comisiones, eso sería obviamente una competencia desleal al resto del sistema, ya que tendría que ser financiada con Ingresos Generales de la Nación, vía impuestos. Esto podría llevar finalmente a una estatización del sistema, con todos los problemas que esto genera. Los sistemas estatales de los países desarrollados están quebrados, y de hecho la misma OEDC recomienda a los países avanzar hacia sistemas de capitalización individual, que han probado ser más eficientes para resolver el tema previsional en un contexto de envejecimiento de la población y caída de la natalidad. Es difícil entender que en Chile se pretenda retroceder en un tema en que el mundo avanza en otra dirección.
• Tampoco puede pensarse que podría estar bajo el alero de Banco Estado, ya que la ley no permite que los bancos tengan AFP’s, por lo que sería una discriminación arbitraria.
• Por último, si se piensa como argumento en la idea de que una AFP estatal podría incentivar cotizaciones de independientes, eso se relaciona más bien con el rol de educación previsional, que sí es necesario y que debe ser parte de las políticas públicas en materia previsional, pero que no requiere para nada una AFP estatal para llevarse a cabo. Es más, por un problema de incentivos, no es claro que la información que pueda entregar a sus afiliados vaya en la dirección de una correcta información previsional.