Tomando datos del Servicio de Información de Educación Superior (SIES), del año 2011 se obtiene que el gasto que hubiese tenido el Estado ese año, si hubiese pagado las matrículas y aranceles de los alumnos matriculados en Educación Superior, sin discriminar entre instituciones ni alumnos, llegaría a los US$ 4.431 millones anuales. Si las vacantes disponibles se hubiesen llenado (es decir, utilizando la capacidad máxima del sistema), el costo hubiese ascendido a US$ 5.976 millones anuales.
Si se toman los datos de la OCDE, que sostienen que el gasto por alumno de Educación Superior en Chile es de US$ 6.829 (corregido por PPP para comparar con otros países), y que los hogares financian el 79,3% del total, entonces se obtiene que si el Estado hubiese dado gratuidad a los estudiantes de Educación Superior, el gasto podría alcanzar los US$ 6.000 millones.
María Paz Arzola, investigadora del Programa Social de LyD, asegura que estos números son una subestimación, puesto que un precio nulo para los estudiantes generaría una distorsión en la duración de las carreras. Aún así, enfatiza en que entregan información para señalar que la idea de que la Educación Superior sea gratuita para los estudiantes es un gasto no sólo injustificado y una mala política pública, sino también un costo desproporcionado para el Estado. Para tener un orden de magnitud, puede ser útil señalar que el costo de la gratuidad de la Educación Superior representaría más del 90% del Gasto Público en Educación Preescolar, Primaria y Secundaria, y algo así como el 70% del Presupuesto en Salud.
