El gobierno acaba de proponer un reajuste del salario mínimo a contar del 1° de abril de $193.000 a $205.000, lo que representa un alza nominal de 6,2%.

Cecilia Cifuentes, investigadora del Programa Económico de LyD, asegura que en el contexto actual de gran dinamismo laboral y comportamiento creciente de las remuneraciones (aumento nominal de 6% en los doce meses terminados en enero) el alza propuesta está dentro de lo razonable, y no debería ir más allá de eso. Esto, porque de acuerdo al aumento de productividad media más un ajuste por inflación pasada, el reajuste debería ser de 5,7%. Alzas que superen esa cifra generan un impacto en los costos de producción, y en un contexto de fuerte crecimiento de demanda pueden generar presiones inflacionarias, que finalmente tienden a revertir la ganancia que para los trabajadores significa un salario más alto. De todas formas, la cifra propuesta efectivamente hace partícipes a los trabajadores menos capacitados de la bonanza económica por la que pasa el país. La propuesta equivale en dólares a US$ 436, cifra que efectivamente sería la más alta en América Latina.

Dos consideraciones son importantes al momento de establecer este precio:

• El costo empresa de un trabajador que gana el sueldo mínimo es bastante superior, no sólo porque la gran mayoría de las empresas debe cancelar las gratificaciones, que corresponden a un 25% adicional, sino también porque se debe sumar el seguro de cesantía, el seguro de accidentes del trabajo y el seguro de invalidez y sobreviviencia. En definitiva, un salario mínimo de $205.000 representa un costo empresa cercano a $270.000, lo que para las pequeñas empresas puede ser efectivamente restrictivo. De acuerdo a cifras del seguro de cesantía, cerca de la mitad de los ocupados que gana el salario mínimo trabaja en empresas de menos de 10 trabajadores.
• El salario mínimo, si bien busca evitar situaciones de abuso, puede dejar fuera del mercado laboral a los trabajadores menos capacitados, normalmente jóvenes y mujeres. De acuerdo a los datos del INE, el desempleo juvenil en Chile (entre 15 y 24 años) llega a un 17,2%, y se ha mantenido relativamente constante en los últimos dos años, sin que se haya verificado en este segmento etario la mejoría que se observa a nivel global. Si además se miran estas cifras para los dos quintiles inferiores de ingreso, la CASEN 2011 muestra una tasa de desempleo juvenil de 45,8%, esto sin considerar que además las tasas de participación laboral en estos quintiles son muy reducidas. Estos números evidencian que efectivamente el salario mínimo vigente es un desincentivo a la contratación de jóvenes. Es bajo esta consideración que hemos hecho nuestra propuesta de salarios mínimos diferenciados de acuerdo a densidad de cotizaciones, la que también incentiva a los trabajadores a cotizar, beneficio no menor en la situación previsional actual.