En noviembre de 2011 ingresó a tramitación al Congreso el proyecto de ley que crea la Superintendencia de Telecomunicaciones, el que actualmente se encuentra en primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados. El objetivo del proyecto es perfeccionar la institucionalidad de un mercado que no sólo se ha masificado en corto tiempo, convirtiéndose en un servicio esencial para la población, sino que además ha mostrado una acelerada evolución tecnológica. En este contexto, busca velar por el cumplimiento de las normas que rigen al sector a través de una modernización de la estructura institucional y de un perfeccionamiento de las atribuciones fiscalizadoras y sancionatorias de la autoridad. Lo anterior parece razonable pero podría resultar inconveniente desde el punto de vista del desarrollo del sector, lo que amerita introducir algunas mejoras al proyecto ingresado.
Como sabemos, en la actualidad la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), concentra los roles regulatorios, la fijación de las políticas del sector y las potestades normativas, fiscalizadoras, y sancionatorias. En este contexto, uno de los principales objetivos del proyecto de ley es separar las funciones de la Subtel, que incluyen tareas de diseño de política, regulatorias, de fiscalización y sancionatorias. Lo que se propone es la creación de un órgano especializado y altamente calificado -la Superintendencia de Telecomunicaciones- que concentre las tareas fiscalizadoras, sancionatorias, de autorización y aquellas vinculadas a la fijación de tarifas, dejando en la Subtel la tarea de definir la política sectorial y dictar la normativa pertinente.
La masificación de los servicios de telecomunicaciones y su impacto en el bienestar de las personas y el desarrollo de la actividad económica, sin duda, amerita un marco regulatorio moderno y un sistema fiscalizador y sancionatorio que garantice su cumplimiento. No obstante lo anterior, es importante destacar que el mercado de las telecomunicaciones tiene características particulares distintas a la de otros sectores regulados, lo que amerita una arquitectura institucional que recoja estas diferencias.
En efecto, los sectores que requieren de regulación habitualmente son aquellos donde no existe presión competitiva suficiente que permita alcanzar el equilibrio socialmente deseado o donde no es posible limitar comportamientos inconvenientes. Es así como existe mayor regulación en sectores donde la estructura de mercado conduce a equilibrios eventualmente subóptimos (monopolios naturales, como la distribución eléctrica o los servicios sanitarios) o donde existen riesgos sistémicos (como en la industria bancaria) que requieren el establecimiento de mecanismos que resguarden la seguridad del sistema. Igualmente, debe existir regulación en aquellos sectores donde se pone en riesgo la salud de las personas y del medio ambiente. En todos estos casos, se ha desarrollado no solo una fuerte regulación, sino además se han creado superintendencias para fiscalizar el cumplimiento de las normas establecidas.
El mercado de las telecomunicaciones tiene características distintas a las descritas. Se trata de una industria altamente competitiva y en continua transformación producto de una permanente evolución tecnológica, lo que involucra fuertes inversiones y cortos períodos de retorno. No existen riesgos sistémicos ni daños significativos a la salud humana ni ambiental derivados de la actividad sectorial.
