Los lamentables hechos de violencia de las últimas semanas en La Araucanía han llevado a las autoridades a buscar acuerdos y generar proyectos para destrabar el conflicto que ha generado un clima y una imagen negativa de la región.

En ese sentido, son esperados los anuncios del Gobierno donde se comprometen a enviar tres proyectos de ley en materias que afectan a esa zona del país. Se trata de la creación del Consejo de los Pueblos, de un mecanismo de consulta a pueblos indígenas en base al Convenio 169, y un plan para garantizar el desarrollo de la IX región.

“Si bien no conoceremos el detalle de estas iniciativas hasta que sean enviadas el Congreso -probablemente en marzo-, al parecer, ninguna de ellas será una novedad”, señala la investigadora del programa Sociedad y Política, Claudia Hernández. Sin embargo, este impulso muestra una intención de solucionar el tema y hace énfasis en una materia anteriormente relegada a un segundo plano.

Según se ha informado en la prensa, el proyecto llamado "Ley Araucanía" fue elaborado por todos los parlamentarios oficialistas y de oposición que representan a la región, y busca generar un proceso de "reparación" donde la zona sea prioridad a la hora de generar políticas de inversión.

Si bien la IX región ha sido testigo de un mejoramiento de sus cifras de pobreza, ésta igual se mantiene en los últimos lugares de acuerdo a las cifras de la Encuesta CASEN. La pobreza en la región es de un 23%, mientras que la cifra nacional es de sólo un 14,4%. Sin embargo, es importante evaluar en su mérito las medidas que plantea el proyecto, y ponderar si los beneficios no serían mayores que los costos. Según Claudia Hernández, es necesario no perder el foco con la coyuntura y generar un proyecto que entregue herramientas para mejorar el clima de inversión y productividad en la región, y no uno que sólo entregue subsidios que sólo traerían un alivio momentáneo pero no el tan anhelado crecimiento de la región.

A su vez, se destaca el proyecto de creación del Consejo de Pueblos, cuyo objetivo es representar los intereses y necesidades de los pueblos indígenas ante los organismos del Estado.

Hernández advierte que este cambio puede ser uno de los más significativos en materia de políticas indígena, ya que la CONADI, al ser un híbrido entre servicio público y órgano de representación indígena, ha aparecido como superada por la coyuntura. “Generar un órgano independiente de representación nacional de los distintos pueblos indígenas, que funcione en paralelo a una Agencia de Desarrollo Indígena que sería el organismo ejecutor, parece ser un aporte a la constitución de un servicio público moderno y eficiente”.

De ahí que apurar -como es la intención del Gobierno-  el establecimiento por ley del mecanismo de consulta a pueblos indígenas sobre la base del Convenio 169, resulta ahora ser prioritario. Porque más allá de la intención de cambios institucionales, de reconocimiento constitucional o decisiones de inversión, todo requiere de la consulta a las comunidades y asociaciones y hoy se carece de un mecanismo de consulta aceptado por ellas, indica la experta.

Si bien falta conocer en detalle los proyectos, se aprecia una buena disposición de todos los sectores para buscar una salida al clima de conflictividad que se vive en la región. En ese sentido, el rol que se le ha dado al diálogo y la definición del mecanismo de consulta deberían convertirse en la prioridad.