En este último tiempo, gran parte de los habitantes de la Región Metropolitana se han quedado sin suministro de agua potable. Aluviones han obligado a cerrar en distintas oportunidades las plantas productoras para garantizar la calidad del suministro. Además, se han roto matrices de agua potable en distintas comunas, lo que ha causado anegamientos de viviendas y descontento en la población.
Más allá de lo dramático de estas situaciones, estos incidentes han reflotado viejas demandas en torno al rol del Estado. Así se ha argumentado -con escasa evidencia- que la condición de empresa privada de Aguas Andinas guardaría alguna relación con estos recientes problemas.
Si bien este es un tema que pocos discuten hoy, dado que la iniciativa privada se ha reconocido generalmente como beneficiosa, aún persiste una discusión ideológica en relación a ciertas áreas de servicios básicos, como el agua, donde se postularía como necesaria la presencia del Estado de forma directa. En este contexto, resulta oportuno revisar la evidencia existente en torno a los resultados e indicadores que exhibe el sector y, dejando de lado las consignas, evaluar el impacto de la iniciativa privada en el ámbito sanitario chileno.
El sistema de sanitarias concesionadas ha entregado beneficios importantes al país. Generó un fuerte proceso de inversión en el sector que permitió aumentar la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado. Esto se ha traducido en resultados altamente positivos cuando se evalúan indicadores de cobertura, calidad, continuidad y cantidad, situándonos a la altura de los países más desarrollados del mundo.
