El proyecto de la ley de pesca fue aprobado por el Congreso Nacional en diciembre de 2012. Sin embargo, algunos senadores y diputados de oposición solicitaron al Tribunal Constitucional (TC) una revisión de ciertas normas (materias relativas a consulta indígena, duración y renovación de las LTP y las licitaciones, entre otros) debido a que los considerarían inconstitucionales, previo a ser promulgada como ley de la República.

Ayer, el TC dio a conocer sendos fallos, rechazando los requerimientos. Indicó que las normas requeridas no vulneran la Constitución de la República que consagra la igualdad ante la ley y la libertad económica. A su vez, respecto al tema accesorio de la consulta indígena en ningún caso, el tratado 169 de la OIT tendría rango constitucional, por lo que también fue rechazado dicho requerimiento, sin perjuicio de instar al Poder Legislativo a regular el procedimiento de consulta.

De esta forma, el ministro de Economía, Pablo Longueira, indicó que estaban en condiciones de promulgar la ley que va a permitir un cambio institucional histórico, donde el primer objetivo de la ley es la sustentabilidad  en los recursos.

Para Libertad y Desarrollo, esta nueva ley constituye en términos globales un avance importante para la administración sustentable de las pesquerías del país. Ello, por cuanto prioriza la ciencia por delante de la toma de decisiones y limita la discrecionalidad de la autoridad, a través de la creación de comités especializados y el fortalecimiento de la investigación pesquera. Además, extiende los requerimientos que sólo se aplicaban al sector industrial, ahora al sector artesanal de mayor escala –le exige el uso de posicionador satelital y la certificación de captura, además del pago de patente– pero introduce también beneficios importantes que favorecen al sector artesanal más vulnerable.

Esta ley también establece un sistema definitivo de asignación de cuotas industriales que evita que se tenga que volver a legislar en esta materia. Asimismo, fortalece la investigación y la fiscalización y velará por la protección de los ecosistemas marinos vulnerables.

Ciertamente, se introdujeron una serie de medidas que permitieron alcanzar acuerdos en lo que se preveía significaría largas discusiones, lo que se tradujo en concesiones que no necesariamente van en la dirección correcta. Entre ellas, pueden mencionarse la aprobación de licitaciones a todo evento y la reserva de 1% de la cuota para las plantas procesadoras de menor tamaño. Sin embargo, ello no empaña el logro que, sin duda, significa la aprobación de esta ley para la actual administración y el futuro de la pesca extractiva del país.