La Corte Suprema falló en contra de las Isapres por ajustar los precios de sus planes acorde a la ley. Así, estamos frente a un nuevo caso -30 fallos unánimes en la misma línea- donde el Poder Judicial se arroga la facultad de definir políticas públicas, extralimitándose a lo que dictan las leyes definidas por los otros poderes del Estado, imponiendo sus valores o creencias sin tener necesariamente el dominio técnico de materias muy complejas, como es el caso de los seguros de salud.
Con estos fallos, la Corte Suprema estaría respaldando tanto a los jueces que, a su vez, han fallado sistemáticamente contra las Isapres, así como a todos los afiliados que quieran ir a juicio porque les aumentaron los precios de sus planes. Es decir, se trata de una invitación a agudizar la actual judicialización en el sector, que es, precisamente, uno de los principales problemas del sistema de Isapres. También existe la preocupación e incertidumbre de que esta lógica se extienda a otros sectores de la economía, rigidizando los precios con todas las conocidas consecuencias negativas que han significado las fijaciones de precios por parte del Estado.
Se le han presentado a la opinión pública estas decisiones judiciales como destinadas a evitar alzas unilaterales arbitrarias, que no considerarían elementos objetivos de cambio. Pero esto no es efectivo. Por el contrario, las alzas de acuerdo a las tablas de factores obedecen a factores estrictamente técnicos y objetivos establecidos por la ley. A pesar de ello, el Tribunal Constitucional consideró estos factores excesivos para algunos tramos de edad. Por lo tanto, el problema no es que las alzas sean arbitrarias en un sentido estrictamente técnico, sino en relación con un juicio de valor del Tribunal y de jueces que han fallado sistemáticamente contra las Isapres no en base a lo que dice la ley, sino a su propio sentido de justicia, en un ejercicio de lo que se ha calificado como activismo judicial.
