El proyecto de ley sobre ambientes libres de humo de tabaco se aprobó ayer en el Senado y resta solo su votación favorable en la Cámara para ser ley de la República. Silvia Baeza, Coordinadora de Estudios Jurídicos de LyD, asegura que si bien el texto aprobado –gracias a la sensatez de algunos legisladores- es bastante menos malo de lo que en un principio se propuso, abre un debate no sólo sobre restricciones y prohibiciones a los adultos sino sobre la influencia que los medios de comunicación pueden ejercer sobre la infancia y juventud respecto de la adquisición de malos hábitos.

La prohibición de publicidad contenida en el proyecto se extiende a la llamada “publicidad indirecta” en la cual se muestra, a través de medios de comunicación masiva, el consumo de productos o marcas de productos hechos de tabaco.

Respecto de los adultos, tendremos que resignarnos a entender contra toda lógica que un espacio cerrado puede tener -fíjese bien- sólo un techo y una pared.

Así, no se podrá fumar entre una pared y bajo un toldo en el exterior de un restaurant, ni en espacios cerrados o abiertos, públicos o privados, que correspondan a lugares en que se manipulen alimentos, por ejemplo, la cocina de su casa. Y aún más, si su domicilio es el lugar de trabajo de alguna persona (argumento que se usa para prohibir restaurantes para fumadores)  no podrá fumar, salvo en los espacios abiertos si tiene la suerte de contar con ellos. Esto discrimina a los que viven en departamentos y no cuentan con terrazas.

En los estadios en un principio se iba a prohibir de forma absoluta fumar. Sin embargo, primó el sentido de la realidad y  como son espacios abiertos, dejaron a salvo la posibilidad de establecer lugares especialmente habilitados para fumadores, lo que era razonable ya que se realizan en recintos deportivos espectáculos de distinta índole –conciertos, fiestas, etc-.

Esta forma de intervención en la esfera individual de nuestras decisiones constituye el mejor disfraz para atentar contra la libertad ya que, en apariencia, la regulación está plagada de buenos propósitos. Se apela al sentido común de los ciudadanos –nadie quiere que los chilenos sean gordos, fumen o beban- para imponer un catálogo de conductas que le parece “la” forma de vivir correcta a quien busca imponerla.

Las autoridades están sí llamadas a dar el ejemplo, a realizar campañas masivas y a impulsar todas las medidas que apunten a entregar la más completa y adecuada información a las personas, pero en ningún caso, restringir a estos extremos su posibilidad de elección. Los hábitos de consumo de la población se ajustarán a patrones más sanos cuando haya verdadera convicción de que eso es conveniente para nuestras vidas. No es necesario ni conveniente un estado policial para imponerlos.