Finalmente el gobierno cedió a bajar la tasa de interés de los créditos CORFO para educación superior al 2% que se pedía, lo que se suma a la ya anunciada baja de 3,6 puntos porcentuales, caída similar a la experimentada por la tasa de interés del Crédito con Aval del Estado (CAE), que ubicaba la tasa en 4,6%. Tenemos entonces que en términos de reducción de tasa los deudores CORFO recibirán un beneficio mayor a los deudores del CAE, a pesar de pertenecer en general a grupos de mayores ingresos. Esta es una ayuda importante para quienes están hoy endeudados (jóvenes pertenecientes a familias cuyo ingreso bruto mensual no excediera las 120 UF -hoy poco más de $ 2 millones líquido-).
Sin embargo, para la investigadora del Programa Social, María Paz Arzola, se está dando una señal que no podemos pasar por alto.
Así como a estas 100.000 personas se les está compensando por su insatisfacción frente a una política pública pasada, ¿se compensará también a quienes se arrepientan más adelante de otras decisiones que tomaron? Sin ir muy lejos, ¿Qué pasa con aquéllos que, sin poder tampoco acceder al crédito del fondo solidario, consideraron que el crédito CORFO era demasiado caro y optaron entonces por trabajar durante unos años para ahorrar dinero suficiente para estudiar, o bien, se quedaron fuera de la educación superior, aun incluso teniendo méritos académicos? ¿Llegarán también ellos a pedir una compensación porque el crédito que les ofrecieron era muy caro? Bajo los argumentos de quienes se sienten “estafados” por el crédito CORFO, los que no aceptaron sus condiciones y tomaron otras alternativas serían también merecedores de una compensación, pues igualmente se habrían visto “perjudicados” por la misma política. No olvidemos que tanto quienes pidieron el crédito CORFO como quienes no lo hicieron, todos ellos tomaron una decisión libremente, comparando los costos (el crédito y sus intereses) versus los beneficios de poder obtener una profesión.
El Gobierno, quizás con las manos atadas por cómo se está dando la tramitación de la Ley de Presupuesto del año 2013, optó por hacerse cargo de esta situación que venía desde el año 1997. El costo de esta política, además del problema de falta de focalización de los recursos utilizados, se da en términos de señales, ya que los futuros dedudores empiezan a percibir como probable que no deberán asumir el costo de sus decisiones. Las políticas de “perdonazos” empiezan a percibirse más como la regla que como la excepción.
