Considerando la situación macroeconómica actual, tanto en términos de inflación como de productividad laboral, un reajuste de 4% sería una cifra razonable. El que sea menor que el de 2011 se explicaría por la disminución de la inflación, en un contexto de productividad laboral prácticamente estancada. La petición de la ANEF de 8,5% (y 15% ponderado considerando el reajuste de 30% para un porcentaje similar de funcionarios) más una serie de beneficios adicionales, está absolutamente alejada de un rango razonable.
Las mejoras en la condición de remuneraciones y contractuales de los empleados públicos deberían pasar por mejores índices de eficiencia en la gestión y por condiciones de mayor flexibilidad en el empleo, que no existen actualmente. No sólo hay carencia de un proceso de calificación confiable, sino que en la práctica, tanto en términos de remuneraciones como de estabilidad laboral, los funcionarios públicos están en una clara posición de privilegio respecto al resto de los trabajadores chilenos.
Si los funcionarios públicos quieren estar y mantenerse en una situación superior al promedio de los trabajadores chilenos, deben estar en condiciones de mostrar que esos privilegios se justifican de verdad en la calidad del servicio que prestan, y sobre este aspecto no hay duda de que están al debe.
