A continuación reproducimos la columna de José Francisco García, Coordinador de Políticas Públicas de LyD, publicada en El Dinamo:

Más allá de los diversos análisis y lecturas que se han hecho respecto de los resultados de las elecciones municipales recientes –donde se ha exagerado la nota respecto del nivel de abstención, si comparamos lo que sucede a nivel comparado, y se ha buscado instalar, interesadamente, el que estamos ante una “debacle” oficialista–; la señal institucional fue inequívoca: bajo el voto voluntario el electorado requiere de muy poderosas razones para ir a votar. Y este nuevo escenario de mayor volatilidad e incertidumbre es precisamente lo que requiere nuestra democracia: la oferta política debe cambiar y ajustarse a los nuevos estándares. Así de simple.

La renovación de los partidos es una cuestión que, en primer término, debiese nacer de ellos mismos, sea por razones de fondo –ganar espacios en la cultura y la sociedad con sus ideas y proyectos políticos–, o las más pragmáticas de ver mermada su participación en la “torta” electoral de mantener el status quo. En efecto, no se requiere, prima facie, de una reforma legal para revertir los bajos niveles de transparencia y rendición de cuentas, baja democracia interna y participación femenina, mínimo rol de los militantes en las decisiones más importantes, entre otros. Sin embargo, los resultados del domingo pasado aconsejan esfuerzos más radicales.

En este sentido, y tal como ha sido anunciado por el gobierno, en los próximos días debiese presentarse –después de meses de estudio interno y haber escuchado las opiniones de los partidos, centros de estudios y académicos–, un proyecto de reforma profunda a la ley de partidos políticos, que se haga carga de sus sombras. Las reformas en los temas más deficitarios antes enunciados, pueden ir acompañados de otras medidas basadas en incentivos directos o indirectos a, por ejemplo, aumentar la participación (y formación) de mujeres y jóvenes en elecciones internas, primarias o generales –sobre todo porque la demanda por “rostros nuevos” no puede ser más clara–, potenciar la inscripción de militantes, o incentivar las donaciones de personas naturales.

Otro aspecto que formará parte de esta discusión dice relación con revisar las barreras de entrada a la formación de nuevos partidos, por ejemplo, disminuyendo las firmas requeridas o la presencia territorial para su inscripción.

Asimismo, si bien ha existido relativo consenso en torno a la utilización de  las primarias para dirimir las candidaturas presidenciales de las dos grandes coaliciones, ello debe extenderse a la nominación para candidatos al Congreso. Se trata de un desafío especialmente relevante para la centroderecha, la que no tiene mayor experiencia en esta materia, y fue la más afectada por la abstención en las recientes elecciones municipales.

En efecto, la utilización de primarias para la definición de candidaturas parlamentarias debiese ser la regla, no la excepción. El oficialismo tiene aquí una gran oportunidad de discutir ante su electorado un proyecto político vigorizado, volviendo sobre sus ideas matrices –más que sobre una interminable “lista de supermercado” de propuestas programáticas–, diferenciándose de la Concertación y su “giro” a la izquierda. En el voto voluntario gana el que es capaz de movilizar en mayor número a sus adherentes y simpatizantes; las primarias dan una oportunidad única. Es de esperar que la centroderecha no la desperdicie.