Un grupo transversal de diputados presentó un proyecto de reforma constitucional estableciendo normas sobre la participación y la representación política de los pueblos indígenas. Así, se reconoce constitucionalmente como tales a dichos pueblos; se garantiza por parte del Estado la preservación de la diversidad étnico cultural de la Nación y se reconocen y garantizan los derechos colectivos de los pueblos indígenas, así como su derecho para intervenir en la vida política y en la decisión de los órganos administrativos del país.
Silvia Baeza, Coordinadora de Estudios Jurídicos de LyD y Pablo Kangiser, abogado del Programa Legislativo, explican que la reforma se refiere a dos grandes materias: reconocimiento como pueblo y cuotas de participación política. La primera proposición consiste en reconocer constitucionalmente a los pueblos indígenas. Ello no va a traer solución alguna al problema de fondo, cual es la falta de oportunidades de los miembros de las etnias originarias y, al contrario, puede generar una fuerte presión independentista, agregando un problema más: la gobernabilidad. El concepto de pueblo supone autodeterminación, lo que conlleva el establecimiento de una frontera. Por eso, el reconocimiento de los pueblos indígenas es una materia compleja que requiere de mayores antecedentes para su discusión. Asimismo, con la reforma, los pueblos indígenas adquirirían el carácter de sujetos de derecho internacional público. El otorgamiento de derechos preferentes a estos pueblos genera también un problema constitucional dado que los chilenos según la Constitución, e independiente de su origen étnico, nacen libres e iguales en dignidad y derechos.
En segundo término, asegurar una cuota de representantes de etnias originarias niega otros principios del régimen democrático, amparados por garantías constitucionales, como el principio de no discriminación. Otorgar ventajas a ciertos candidatos por pertenecer a un pueblo indígena, desequilibra el libre juego del sistema político, pues la elección de autoridades por sufragio tiene su fundamento en que el electorado debe ser capaz de elegir a las mejores personas, independiente de su calidad de hombre o mujer, de su raza u otra característica accidental como es la pertenencia a una etnia. Los escaños exclusivos de representación indígena planteados no son proporcionales al número de habitantes indígenas, por lo que estarían siendo, además, sobre-representados.
Asimismo, es necesario conocer los principales problemas y necesidades de los pueblos originarios. En la Encuesta CEP 2006, los mapuches, por ejemplo, no identifican como sus principales problemas el reconocimiento constitucional ni el aumento de la representación política. Por el contrario, tales aspiraciones se ubican en el octavo (19%) y en decimotercer lugar (10%), muy por debajo de la recuperación de tierras (35%), la pobreza (34%), educación (30%) y empleo (27%). En suma, las prioridades de la mayoría son socioeconómicas y no de tipo político.
Por otra parte, en la misma encuesta, la mayoría se siente plenamente integrado a Chile (73%). Si bien consideran que el país debe reparar a los mapuches, se enfocan en el tema de tierras (61%), Educación (26%), escucharlos/reconocerlos/respetarlos (25%); mientras que las demandas políticas están el último lugar (6%).
En general, los problemas que preocupan a los grupos indígenas tienen que ver con el régimen de tierras y, especialmente, con el acceso a la educación y la posibilidad de salir de la pobreza.
Finalmente, no se debe olvidar que el desafío más grande para la sociedad chilena es ir progresando con inclusión y respeto hacia todas las comunidades indígenas que integran el país, lo que no requiere una reforma constitucional, ni correr el riesgo que la calificación de “pueblos” proyecta ante el derecho internacional.
