La economista senior de LyD, Susana Jiménez, hace una descripción de la situación actual y del incierto panorama futuro de nuestro país en materia energética, haciendo recomendaciones sobre qué se necesita para salir adelante.

Situación Actual

1. El crecimiento del PIB es fundamental para el bienestar de la población y la superación de la pobreza. Este crecimiento ha ido de la mano con una mayor demanda de energía.
2. Chile mantiene una matriz limpia: 41% de generación proviene de fuentes de energía renovable (2007-2011).
3. Las necesidades energéticas seguirán creciendo en el tiempo, por mayor crecimiento esperado y la mayor intensidad de uso de la energía que deriva del desarrollo económico.
4. La AIE estimó un crecimiento de la demanda de energía de 5,9%, lo que elevaría la demanda de energía en cerca de 100.000 GWh al 2030 (hoy está en ±62.000 GWh). Eso equivale aprox. a 8.000 -10.000 MW de mayor capacidad instalada de acá al 2020 (hoy  en ±16.300 MW).
5. Se necesita satisfacer estas mayores necesidades energéticas, pues limitar el suministro energético tiene efectos en el bienestar de la población y en la competitividad del país.
6. Chile no tiene suficientes recursos propios. Según análisis realizado por Colbún, los proyectos en el pipeline suman cerca de 6.000 MW en hidroelectricidad (±30.000 GWh) y las ERNC alrededor de 8.749MW (±23.000 GWh). Aún si se desarrollara todo ese potencial, juntas apenas cubrirían el 50% de las necesidades energéticas del país de acá al 2030.
7. Es evidente entonces que se necesita todo tipo de energía, incluida la termoelectricidad.
8. Hasta ahora el marco regulatorio ha funcionado a pesar de corte de gas argentino, alza de precio de combustibles y sequías.
9. El desafío hacia delante es lograr importantes inversiones en proyectos de generación y transmisión que satisfagan la demanda, pero su realización parece enfrentar crecientes dificultades.

10.  Hoy existe un número importante de proyectos paralizados. Considerando los diversos proyectos actualmente con dificultades, se estima que son más de 12 mil MW de potencia en iniciativas detenidas, lo que representa inversiones del orden de US$ 22 mil millones.

11.  Bajo este escenario, se ha ido tomando conciencia que se avecina una estrechez energética. Los proyectos actualmente en operación, sumado a los que estarán prontos a entrar en servicio, permitirán satisfacer las necesidades de energía en los próximos 4 a 5 años; sin embargo, la creciente demanda y la ausencia de nuevas iniciativas empezarán tempranamente a reflejarse en una mayor estrechez del mercado energético.

Debilidades Existentes

1. Hay mayores demoras en la obtención de permisos (tiempo se ha duplicado en últimos 5 años).
2. Existe fragilidad en la red de transmisión y crecientes retrasos para su puesta en marcha (de hasta 60 meses).
3. Fuerte oposición de las comunidades y opinión pública a todo tipo de proyectos.
4. Se ha desarrollado una industria del litigio que busca maximizar la indemnización (extracción de rentas).
5. Hay una profusa judicialización. A ello se suma uso excesivo de recursos de protección, de modo que los fallos en materias ambientales se están dando bajo este proceso de carácter cautelar (sumarísimo). Lo anterior resulta inconveniente puesto que los recursos de protección son una medida cautelar que busca proteger derechos constitucionales, pero no son una instancia técnica que permita resolver de manera íntegra la evaluación del proyecto.
6. Se suma a ello el cambio de rol que han jugado los jueces, lo que genera incerteza jurídica y debilita la institucionalidad ambiental. Hasta hace poco existía deferencia técnica por existir un órgano técnico especializado, pero ha cambiado el pronunciamiento de los jueces, quienes han comenzado a considerar en sus fallos que pueden calificar el actuar del órgano administrativo.

Recomendaciones

1. Acercamiento a la sociedad con mayor información y generación de confianza en las instituciones.
2. Agilizar los permisos ambientales y sectoriales.
3. Aprobar los proyectos de ley de concesiones eléctricas y carretera eléctrica, pues debieran permitir agilizar procesos y anticipar necesidades. Se calcula que tiempos podrían baja de 75 meses actuales a 8 meses con ambos proyecto de ley aprobados.
4. Evitar dilación de plazos en el Comité de Ministros para la Sustentabilidad.
5. Estabilidad regulatoria: hoy se revisa 20/20 (aprobada el 2010) y se evalúa impuestos al carbono (norma de emisiones del 2011), lo que eleva la incertidumbre para las nuevas inversiones.
6. Reducir la superposición normativa: hay que tener un marco regulatorio que acote la judicialización. Ejemplo de ello es la normativa que aplica para definir la calificación ambiental.
7. Compensaciones locales que permitan a las comunidades participar de los beneficios de los grandes proyectos.
8. Planificación territorial que al menos clarifique algunas zonas aptas o prohibidas para el desarrollo de proyectos energéticos.