El reciente fallo de la Corte Suprema en contra del proyecto termoeléctrico Castilla suma obstáculos al desarrollo energético. Susana Jiménez, Economista Senior de LyD, asegura que ello no deja de ser preocupante en un país que necesita aumentar su capacidad instalada de generación eléctrica en cerca de 8.000 megavatios (MW) en la próxima década y que presenta altos precios de la energía que afectan directamente nuestra competitividad.
La creciente demanda por energía eléctrica, las dificultades para la puesta en marcha de los proyectos de generación –por demoras en las aprobaciones ambientales, complejas negociaciones para establecer servidumbres, oposición ciudadana y reclamos de comunidades indígenas- y la ausencia de nuevas iniciativas, empezarán prontamente a reflejarse en una mayor estrechez del mercado energético, situación que se ve agravada por el rechazo de la mayor central termoeléctrica anunciada en el país.
El rechazo de Castilla no sólo pone en duda la capacidad de desarrollar oportunamente los proyectos que el país necesita, sino que además devela el delicado rol que está jugando el Poder Judicial en el desarrollo energético del país. En efecto, casos como el de central Bocamina, Río Cuervo y, ahora, Castilla muestran una creciente injerencia en el fondo de los temas ambientales, donde la máxima autoridad judicial ha perdido toda deferencia con el órgano administrativo especializado en la materia. Este último fallo confirma el temor de que la justicia se estaría convirtiendo en un factor más de incertidumbre para la ejecución de proyectos.
Lo anterior, dado que contra norma expresa, la Corte Suprema estimó obligatoria la presentación conjunta del proyecto; lo que no sólo modifica el criterio sostenido hasta ahora, reinterpretando de forma completamente diversa la norma, sino sembrando además un manto de duda sobre los proyectos actualmente en trámite y los que a futuro ingresen al SEA.
