A continuación reproducimos la columna de Cecilia Cifuentes, Investigadora del Programa Económico de LyD, publicada en Pulso:
Entre el año 2000 y la cifra estimada para el año en curso, el gasto fiscal pasaría de US$ 16.450 millones a US$ 60.000 millones, es decir se habría multiplicado 3,7 veces. Es efectivo que la cantidad y calidad de los servicios públicos han mejorado en forma importante, ¿pero se ha cuadruplicado? En términos per capita, el Fisco gasta actualmente US$ 3.500 y, si pensamos además que este monto debería beneficiar principalmente al 60% más pobre, resulta interesante constatar que cada integrante de las familias de ese segmento le significa al Fisco algo menos de $3.000.000, lo que implicaría que no debería haber pobreza. Se podría decir que no todo el presupuesto es social. Es cierto, el gasto social (salud, educación, vivienda y previsión social) representa un 65% del total, es decir, casi $2.000.000 por persona. Un hogar de cuatro integrantes tendría al mes un “sueldo fiscal” equivalente a $625.000, lo que sigue implicando la solución definitiva de la pobreza en Chile.
¿A qué apuntan los cálculos anteriores? Es cierto que el funcionamiento del aparato estatal demanda recursos significativos, pero las magnitudes señaladas apuntan claramente a un problema de eficiencia, que no suele estar en los discursos de la clase política, ya que muchas veces significa pagar costos políticos. Debe ser entonces la sociedad civil la que presione por este tema, aunque difícilmente lo puede hacer. Se aprobó recientemente una reforma tributaria que dio más recursos el Estado, en cerca de US$ 1.000 millones. A pesar de eso, quedó en el ambiente la percepción clara de que esa reforma era insuficiente, ya que se necesitan ¡¡¡más recursos para gasto social!!! Una conclusión de estos números es para mí clave y evidente. Antes de pedir un nuevo sacrificio de recursos al sector privado, lo que además probablemente tendrá efectos negativos en el crecimiento tendencial de la economía, se debe alguna vez priorizar o al menos dar mayor importancia a la reforma del Estado, aunque esto requiera que un número significativo de compatriotas pierda algunos privilegios.
