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POST NATAL: LA IMPOSIBILIDAD DEL TODO

A continuación reproducimos la columna de Cecilia Cifuenets, investigadora del Programa Económico, publicada en La Segunda:

En un mundo sin restricciones todos quisiéramos estar el mayor tiempo posible con nuestros hijos sin que eso significara sacrificar el desarrollo profesional en ningún aspecto. Sin embargo, sabemos que eso no es factible, los recursos son escasos y hay que asignarlos en la forma más eficiente posible. Eso, que es cierto para los padres, lo es también para el Estado, que en su decisión de apoyar a las madres y padres que trabajan debe tomar en cuenta también otros objetivos de igual o más importancia en su rol subsidiario.

El alargar el post-natal de tres meses que tenían las mujeres trabajadoras y cotizantes era un objetivo deseable en pro del mejor cuidado de los hijos y de la compatibilización trabajo-familia, pero no pueden desconocerse sus costos en términos de recursos fiscales y de demanda laboral femenina. Varias veces dijimos que el acuerdo al que finalmente se llegó entre el ejecutivo y el legislativo no era óptimo en términos de costos y beneficios, y pareciera que los hechos nos están dando la razón, considerando que un grupo de madres se ha manifestado muy disconforme con el hecho de verse obligadas a sufrir una disminución de sus ingresos a cambio de las 12 semanas adicionales para cuidar de sus hijos, disconformidad que parece entendible. Sin embargo, buscar una solución a esta situación debe partir por el reconocimiento de varios hechos. Primero, el que mujeres de altos ingresos deben renunciar a parte de sus remuneraciones para gozar del permiso maternal es una situación que se ha dado siempre, ya que el tope también estaba vigente para los tres primeros meses de post-natal. Lo cierto era que las empleadas del sector público, que no tenían este tope, contaban con un beneficio especial, y que por lo tanto no tiene por qué existir para un nuevo subsidio estatal como es la extensión del permiso. Pero existen otros dos aspectos de mayor importancia aún. El primero, es que es deber de la política social focalizar los recursos hacia los sectores más desprotegidos, que difícilmente están constituidos por mujeres trabajadoras que ganan más de 1,5 millón mensual. Antes de la extensión del permiso existió consenso dentro de la comisión asesora respectiva acerca de lo regresivo que resultaba el subsidio maternal, y de la necesidad de focalizarlo mejor, especialmente extendiendo la cobertura hacia trabajadoras con contratos temporales. Eliminar el tope que ya existía antes significaría un claro retroceso en focalización, lo que en términos simples se traduce en que los impuestos pagados por personas de ingresos medios y bajos terminan financiando el descanso maternal de sectores de altos ingresos. En una situación de recursos escasos, con prioridades más urgentes como erradicación de campamentos, inseguridad pública y otros, la existencia de un tope para este subsidio no sólo es entendible, sino también un acto de justicia distributiva.

De todas formas sigue pareciendo un despropósito el que se obligue a alguien a ajustar sus ingresos a la baja, especialmente cuando tiene la posibilidad de compatibilizar mejor el cuidado de los hijos con el desarrollo laboral. La solución parece bastante evidente, y de hecho es la opción que han tomado todos los países que tienen permisos parentales extendidos. Finalmente, son los padres y no el Estado quienes deben buscar la mejor forma de cuidar a sus hijos en un apropiado equilibrio con su situación laboral. Durante toda la vida laboral y parental los padres sabemos que el trabajo fuera de la casa tiene costos en términos del tiempo con los hijos, que debemos compatibilizar con los beneficios, en una decisión que es individual y no colectiva. Esto significa que la extensión del beneficio debió haber sido mucho más flexible en términos de su uso y de la posibilidad de renunciar a parte o a la totalidad de éste, no sólo para los padres de altos ingresos, sino para todos, ya que también las personas de bajos ingresos tienen derecho a decidir cómo equilibrar su trabajo con el cuidado de los hijos. Si el temor son los abusos, existen formas menos costosas que la obligatoriedad para evitarlos.

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