A continuación reproducimos la columna de José Francisco García publicada en www.eldinamo.cl:

Un problema de frecuente debate durante las últimas campañas electorales chilenas ha sido la intervención del Gobierno de turno a favor de los candidatos oficialistas. La Concertación obtuvo un magíster, un doctorado y un post-doctorado en esta materia. Ello cobra particular importancia en un país donde el poder político se encuentra fuertemente concentrado como consecuencia del régimen de gobierno presidencialista –asentado en la tradición jurídico-política del país– y dado el importante tamaño y rol que ocupa el Estado en nuestra sociedad.

Entre los mecanismos a través de los cuales los gobiernos anteriores intervinieron a favor de sus candidatos destacan (y en las que se puede caer): (a) las giras del Presidente de la República, ministros y otras autoridades en épocas de campaña, sobre todo cuando se centran consistentemente en distritos o lugares donde la coalición de gobierno puede perder la posibilidad de doblar o se perciban mayores probabilidades de duplicar; (b) el proceso de ejecución del gasto público, el que puede ser acelerado o activado en los períodos electorales, a través de nuevas inauguraciones y eventos ad hoc, como asimismo cuestiones relativas a la estructura de presupuesto del gobierno, la cual permite un manejo importante de recursos a través de los gastos en bienes y servicios de consumo o los  gastos reservados; y (c) la existencia de medios de comunicación de naturaleza pública (TVN y en su momento La Nación).

Asimismo, podemos nombrar (d) el caso de autoridades que detentan cargos públicos de alta notoriedad que pueden presentar candidaturas a cargos de elección popular, con bajas restricciones, lo que ciertamente afecta la competencia política; (e) la utilización política de la actividad legislativa: el uso de las urgencias y retiros de urgencias, proyectos en hibernación que resucitan, sorpresas legislativas parlamentarias, en definitiva, actividades que deforman el importante proceso de formación de la ley; (f) la máquina publicitaria que tiene el Estado en períodos electorales, siendo un ejemplo las obras y proyectos estatales que se inauguran en período electoral (aunque al poco tiempo demuestran improvisación y mala ejecución) o publicitar a través despots radiales o televisivos –pagados por todos los chilenos– sus diferentes logros y campañas de ministerios o instituciones, al margen de la franja oficial.

Todas las anteriores formas de intervencionismo electoral son asimismo un efecto natural de un sistema político que, entre otras cuestiones, presenta rasgos de clientelismo político, relación causal que hasta antes de la Ley 19.882 (2003) –sobre Nuevo Trato y Alta Dirección Pública, buscando profesionalizar la administración de un gran número de servicios y reparticiones públicas– y en menor medida la Ley 19.884 –sobre Transparencia, Límite y Control al Gasto Electoral– se potenciaba, al transformarse los cargos públicos en un verdadero botín para el vencedor de las contiendas electorales.

El gobierno actual tiene aquí una prueba mayor, evitando caer en las mismas prácticas que como oposición cuestionó y denunció.

El intervencionismo electoral no sólo daña la democracia, en la medida en que contribuye a generar importantes asimetrías en materia de competencia electoral, sino que, el statu quo puede redundar en aumentos en los niveles de corrupción, tanto desde el punto de vista de la percepción (subjetiva) como del número de casos (objetiva), cuestión que daña la institucionalidad y la confianza de las personas en sus autoridades. Este proceso ya está en marcha según se observa en diversas encuestas de opinión pública, y las reformas en esta materia resultan clave.