Libertad y Desarrollo realizó una encuesta telefónica a 1.030 padres y apoderados de la región metropolitana (margen de error 3%), para conocer sus opiniones sobre la situación actual de la educación en el país.

Preguntamos por la opinión sobre las tomas y su legitimidad: el 61% (versus 33%) cree que no es legítimo usar como herramienta de presión las tomas de colegios y/o universidades, paralizando las actividades. Si se siguen produciendo hechos violentos y desordenes durante las marchas convocadas por los estudiantes, un 61% opina que éstas no debieran autorizarse, pues no se están respetando los derechos de los demás ciudadanos, mientras que un 36% cree que debieran autorizarse porque éstas constituyen un derecho.

Sin embargo, hay consenso en que se debiera castigar a quienes realizan desordenes. El 60% (versus 37%) cree que los convocantes a estas marchas y paros deberían asumir responsabilidades económicas de los daños que se producen. Por último, el 88% (versus 8%) se declara de acuerdo con ley que se discute en el Congreso para aumentar las sanciones a quienes cometen delitos en las protestas estando encapuchados.

Sobre quiénes son responsables de la situación actual de la educación en el país, de 1 a 10 (donde 1 es responsabilidad nula y 10 responsabilidad completa), el gobierno promedia un 8, los profesores un 7,5, estudiantes y directores un 7,4, y por último los municipios un 6,6. En general, todas estas personas/instituciones son consideradas actores relevantes.

En cuanto a la satisfacción, el 77% se declara satisfecho o completamente satisfecho con la educación que entregó/entrega el colegio de su hijo. A igual precio y distancia, el 18% responde preferir un colegio municipal, el 37% uno particular subvencionado y el 45% uno particular pagado.

En cuanto al financiamiento compartido, el 59% (versus 32%) dice que el financiamiento compartido (copago de las familias) ayuda a mejorar la calidad de los colegios en que existe. Independientemente de si lo usa o no, el 57% (versus 35%) no está de acuerdo con que se elimine el financiamiento compartido. Adicionalmente, un 47% estaría dispuesto a pagar sobre $ 10.000 más de lo que ya paga para la educación de su hijo. De estos, un 11% pagaría más de $ 50.000. Por el contrario, un 26% pagaría hasta $ 5.000 más.

En cuanto a la reforma tributaria, un 62% (versus 32%) se declara a favor de que se permita hacer un descuento al impuesto a la renta por gastos en educación.