A CONTINUACIÓN REPRODUCIMOS LA COLUMNA DE JOSÉ FRANCISCO GARCÍA, COORDINADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE LYD, PUBLICADA EN EL DINAMO:

Una de las mayores preocupaciones que enfrentamos como sociedad a la hora de acercarse las elecciones, dice relación con el intervencionismo electoral, y estrechamente vinculado con lo anterior, el clientelismo político. En una columna anterior me he referido al problema del clientelismo de manera indirecta; mi preocupación estuvo más bien centrada en las formas del intervencionismo electoral. Me preocupa ahora ahondar en los argumentos conceptuales que sostienen por qué el clientelismo político nos debe parecer un problema.

Si bien la literatura especializada suele estudiar el fenómeno del clientelismo más que el del intervencionismo propiamente tal, lo cierto es que existe una estrecha relación entre ambos, que desde un punto de vista práctico los hace casi idénticos. En efecto, el clientelismo es intervención y la intervención suele tomar la forma de clientelismo. Así, por ejemplo, el abuso en el ejercicio de atribuciones ejecutivas o legislativas y que puedan ser definidas como intervencionistas, muchas veces toman la forma de ofertas clientelistas, que buscan capturar el voto o apoyo político de segmentos de la población a cambio de ofertas de bienes o servicios.

Resulta difícil definir qué es el intervencionismo electoral. Más aún, para algunos es discutible si la intervención incluye sólo al aparato estatal o si la participación de los privados también debe considerarse intervención.

Sin embargo, históricamente se ha entendido el intervencionismo como la participación activa, interesada y parcial del Estado en las elecciones políticas. Su forma más común es el clientelismo, es decir, la práctica de entregar beneficios a un elector a cambio de su apoyo político.

El clientelismo puede tomar muy diversas formas: la entrega de bienes o servicios, la solución de problemas específicos o incluso la oferta de trabajo a costas del erario público.

La forma más efectiva de clientelismo son –según la literatura– las promesas de empleo. Ellas tienen la característica de ser altamente selectivas (permiten “apuntar” ya no a grupos específicos, sino a personas específicas), son fácilmente reversibles (el beneficio puede ser “destruido” en cualquier momento, a diferencia de lo que ocurre cuando se entrega un bien o un servicio específico, en que ya no se puede revertir lo obrado), todo lo cual da continuidad al respaldo recibido. Es decir, el beneficiario queda atado en forma permanente al “patrón” (Robinson, 2003).

Sin embargo, no puede desconocerse el efecto que otras formas de clientelismo pueden tener sobre las personas, particularmente cuando se apela a necesidades básicas de individuos pobres y para ello se recurre a clientelismo desde el Estado, que goza de una credibilidad mayor que candidatos desafiantes que no han logrado todavía construir una reputación.

El problema es la serie de efectos que se derivan de estas prácticas. En primer término, las prácticas clientelistas son una fuente básica de malas políticas económicas (Robinson, 2003), toda vez que bajo la necesidad de ofrecer beneficios se sacrifican las políticas adecuadas. Esto puede incluir el retraso de medidas dolorosas pero necesarias; las regalías a costa de la responsabilidad fiscal o bien políticas oportunistas que benefician a unos pocos, perjudicando a muchos.

Más aún, según algunos el clientelismo tendría un efecto concreto en la pobreza, en cuanto ésta no sólo es causa del clientelismo, sino también sería causada por el clientelismo.  Por el contrario, la modernización y el desarrollo, contribuyen a destruirlo y su erradicación contribuye a su vez a la superación de la pobreza, por vía de políticas públicas responsables.

Pero además de sus negativos efectos económicos, el clientelismo tiene profundos efectos políticos. Tal como advierte Keefer, la existencia de clientelismo puede ser un obstáculo para el desarrollo político en tanto dificulta la credibilidad en el sistema. Al respecto, Robinson apunta que las prácticas clientelistas generan una suerte de círculo vicioso, porque “una vez en el poder, los políticos  deben pagar por el apoyo recibido” (Robinson 2003).

Así, para cualquier país que se vea enfrentado a prácticas de clientelismo e intervención, resulta fundamental enfrentar el problema, por cuanto afecta el normal desempeño económico e impide el adecuado desarrollo político.

Al respecto a veces se sugiere –en forma algo complaciente– que los problemas que enfrenta Chile en este tema no son significativos y que sería un error pensar que los chilenos “se venden” por unos pocos beneficios. Lo cierto es que los estudios demuestran que las plataformas clientelistas sí tienen efectos en el comportamiento del votante; y más aún, que esto es especialmente cierto cuando el clientelismo proviene del incumbente (Wantchekon, 2002).