Se dio a conocer la resolución en el denominado “caso Pitronello”, cuya sentencia conoceremos sólo el 15 de agosto. Con todo, en la parte resolutiva del fallo informada, y en votación dos contra uno, se descartó que los hechos imputados constituyan delito terrorista, y la condena sólo estará basada en el delito de tenencia ilegal de artefacto explosivo, adulteración de placa patente y daños. Este nuevo revés -que se suma al sufrido en junio cuando la justicia absolvió a los 6 imputados del “caso bombas”, acusados por la Fiscalía Sur de delitos terroristas, estimándose que sólo se trataba de lesiones leves, daños e incendios–, puede ser catalogado, junto a la sentencia de junio, como el mayor revés judicial que sufre el Ministerio Público desde el comienzo del nuevo sistema penal en 2000; y así lo ha manifestado el Fiscal Nacional en forma pública.
Más allá del anuncio de un posible recurso para anular el juicio Pitronello –y comenzar otro–, tanto esta arista como la totalidad del “caso bombas”, José Francisco García, Coordinador de Políticas Públicas de LyD, asegura que quedan una serie de lecciones y desafíos para la labor del Ministerio Público, la que ha estado marcada por una investigación deficiente.
El caso muestra la necesidad de que el Ministerio Público aumente la coordinación con las policías; en varios casos se ha levantado una y otra vez la necesidad de que existan protocolos de actuación conjunta y a ser extremadamente cuidadosos con las primeras diligencias –en cuestiones básicas como la escena del delito, levantamiento de pruebas, descripción del lugar, etc.–. Ello también debe ir acompañado con mayor experticia –donde existe el desafío institucional no resuelto de no sólo mejorar sino retener a los mejores talentos y el capital humano existente–; y con los recursos tecnológicos para enfrentar las investigaciones de alta complejidad.
En este sentido, hoy se debate en el Congreso el proyecto de ley sobre Fortalecimiento del Ministerio Público (Boletín N° 8265-07), que busca agregar US$ 30 millones a la institución –principalmente para la contratación de nuevos fiscales y administrativos–. Se trata de recursos importantes si consideramos que el presupuesto para 2012 supera los US$ 233 millones ($116 mil millones).
Esta instancia será fundamental para que el Ejecutivo y el Congreso pongan sobre la mesa este tipo de cuestiones, que suelen además, estar vinculados al examen –del que el Ministerio Público es tan esquivo, amparándose en su autonomía constitucional– de metas, indicadores de procesos y resultados, esto es, de mecanismos de responsabilidad y rendición de cuentas por los recursos existentes y los nuevos. Si el Congreso no se toma en serio este análisis difícilmente existirá –junto con la discusión anual de la ley de Presupuesto– otra instancia para, respetando la autonomía del Ministerio Público, lograr acuerdos país respecto de las correcciones que requiere esta institución; debate que debe ser público y de cara a los chilenos.
Más allá de que este caso se ha caracterizado más por hechos extra-legales que por el debate estrictamente jurídico-penal, ha desnudado buena parte de las falencias que aún es posible observar en el sistema penal: fiscales que en los casos difíciles no logran articular un caso sólido ante los jueces; la falta de una coordinación real entre fiscales y policías en materia de investigación del delito; y la potencial presencia de argumentos garantistas en la sentencia de los jueces –a la luz de las justificaciones que se han entregado para absolver. Con todo, más grave aún, es que el análisis de los diversos actores del caso no se está centrando en lo que realmente es una preocupación extendida para la ciudadanía: la sensación de impunidad que queda. Y es que no es aceptable en democracia, que grupos extremistas utilicen el terror para causar pánico en la población, buscando avanzar en su agenda, y que el debate público no de cuenta de ello.
