Los estudiantes han presentado sus propuestas para mejorar la educación en Chile. María Paz Arzola, investigadora del Programa Social de LyD, asegura que en primer lugar, es destacable que se sistematicen sus peticiones para ordenar un debate que debiera darse en el plano de las ideas y no de las tomas.
Se parte por un diagnóstico en el que se resume la problemática que existiría en la educación chilena actual. Esta sección, más que un diagnóstico basado en evidencia seria, es una recopilación de las ideas que circulan. Hay algunos puntos donde hay errores de orden técnico que deben ser revisados, por ejemplo, se refieren al sector particular subvencionado como “dependiente del financiamiento compartido”. Quienes elaboraron este documento desconocen que no todos los colegios particulares subvencionados cobran un copago, así como hay colegios municipales que sí cobran (en enseñanza media).
Se refieren extensamente al financiamiento compartido como una mala política pública, sin embargo, como a lo largo de todo el documento, no muestran evidencia que avale estos dichos. Por el contrario, la única cifra que dan al respecto (distribución de alumnos por dependencia y nivel socioeconómico) muestra que el sector particular subvencionado sería más heterogéneo que el municipal. Hay una notoria oposición a la provisión privada de educación, aun cuando se reconoce que ésta es más preferida y de mejor calidad. Incluso se propone con liviandad congelar el número de colegios particulares subvencionados, lo que ignora por completo las preferencias que muestran los apoderados y no se hace cargo de las consecuencias que esto traería. El año 1990, el 58% de los matriculados pertenecía al sector municipal mientras que un 32% pertenecía al sector particular subvencionado. El año 2012, los matriculados en el sector municipal han caído a un 39%, versus el 54% del sector particular subvencionado.
Se cita varias veces el diagnóstico hecho por la OCDE, sin tener en cuenta que los países de la OCDE no son el mundo, sino que son los países más desarrollados, y por lo tanto, la comparación sin duda nos hará ver peores.
La segunda sección plantea demandas, y luego se detallan las propuestas. Se parte pidiendo una serie de reformas constitucionales, que en realidad no tienen un contenido claro ni menos aplicable. Por ejemplo, se pide que el Estado garantice una educación de calidad, lo que no es posible, así como tampoco se puede garantizar constitucionalmente la salud plena o un matrimonio feliz. A la Constitución no le corresponde definir qué es una educación de calidad. En otro punto se plantea instituir la libertad de enseñanza acorde al “bien público y no al bien individual”. Al respecto, la Constitución establece en su primer artículo que el Estado está al servicio de la persona y que su finalidad es promover el bien común, es decir, el bien de todos y cada uno de los miembros de la sociedad. Lo que plantean los estudiantes es, por lo tanto, una contradicción.
En educación escolar destaca la idea de la desmunicipalización, creándose una nueva institucionalidad pública a cargo del Estado. Detrás de esto está la idea de que el Estado es el que debe hacerse cargo de todo de forma centralizada, lo cual es cuestionable pues apunta en la dirección contraria de los sistemas exitosos del mundo, que promueven la autonomía a nivel local para la toma de decisiones de gestión y pedagógicas. Cabe mencionar, además, que ya se envió un proyecto de ley que crea agencias de educación locales de giro único que se hagan cargo de los colegios municipales en lugar de los municipios.
También se pide que la tarjeta nacional estudiantil para el transporte público tenga la misma tarifa en todo el país y durante todo el año. Con esto se desconocen las diferencias que pueden existir en las distintas regiones del país, lo que amerita precios distintos. En cuanto a la labor docente, se pide la “dignificación de la profesión docente”, como si fuese el Estado el que deba llevar a cabo este cambio cultural. La falta de respeto por la autoridad y la paralización agresiva de las clases evidencia que este mismo grupo de estudiantes es el que menos respeto tiene por sus autoridades escolares, tanto director como profesores, y la dignificación de la profesión docente debe partir por ahí. Sobre esta materia, ya se envió el proyecto de ley que crea una carrera docente, la cual mejora sustancialmente las remuneraciones de los profesores y lo más importante, las liga a su desempeño en la sala de clases.
En educación superior, se plantea la necesidad de un mecanismo de admisión que “capte el rendimiento de los estudiantes”. Este es un tema que se está tratando y se está llevando a cabo una auditoría que permita perfeccionar o modificar la PSU. Si bien hay acuerdo en la necesidad de mejorar en este aspecto, es un tema que requiere estudio y no puede ser inmediato, para no repetir por ejemplo el error cometido al pasar desde la PAA a la PSU.
En conclusión, este documento no considera los avances que se están llevando a cabo en las distintas materias. Se han enviado proyectos de ley que recogen las inquietudes sobre el sistema actual, y es de esperar que estos avancen en su tramitación. Las soluciones que proponen este grupo de estudiantes responden a una línea ideológica que busca que el Estado sea el proveedor de educación, bastante cuestionable si consideramos que este tipo de sistemas ha fracasado a lo largo de la historia y que la evidencia que entregan los sistemas exitosos de otros países apunta justamente en sentido contrario, a la mayor autonomía y a la provisión mixta de educación.
