En La Moneda se organizó una reunión de seguridad para abordar la escalada de violencia que se ha registrado en la región de la Araucanía. Al encuentro, encabezado por el Presidente Sebastián Piñera, asistieron el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter; el fiscal nacional, Sabas Chahúan; autoridades regionales y los máximos responsables de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI).

El objetivo de la cita fue coordinar y tomar medidas para la disminución de los atentados y la violencia, lo que ha tenido un impacto social y económico considerable en la región de La Araucanía. El diagnostico de dicha reunión dio cuenta que los grupos radicalizados que utilizan la violencia son minoritarios dentro de las comunidades. Respecto de las personas que actualmente están enfrentando juicios por delitos ya cometidos, existe la sospecha fundada que muchas de ellas estén cometiendo otros delitos mientras duran los procesos.  Si más se prolongan esos juicios, más violencia y  problemas se generarán en La Araucanía.

Dentro de las medidas resumidas en nueve puntos, y que incluye el envío de más efectivos de Carabineros y de la Policía de Investigaciones a la zona, Claudia Hernández, investigadora del Programa Sociedad y Política de LyD, asegura que hay dos especialmente relevantes.

Primero, el anuncio de la creación de una unidad permanente y especializada de abogados para seguir las querellas criminales, va en el camino correcto. Estos abogados estarán dedicados exclusivamente a los actos violentistas y se focalizarán las áreas de desarrollo indígena en las localidades de Ercilla y Collipulli, comunas más afectadas por estos atentados.

Luego, en esta misma línea, pero a mediano plazo, el anuncio de crear una comisión especializada para que asesore al ministerio del Interior en la evaluación de enmiendas legales que permitan brindar eficacia a la institución del testigo protegido, y la elaboración de una estrategia particular para incrementar el control de medidas cautelares, de manera que se cumplan debidamente.

Creemos son medidas importantes y necesarias porque existe una sensación de impunidad en la zona, ya que -a pesar de la evidencia de los delitos y atentados- las querellas no llegan a condenas. En efecto, según datos de la fiscalía desde 2008 los distintos Gobiernos han interpuesto unas 40 querellas contra quienes resulten responsables de los atentados que han sacudido a La Araucanía, y luego de 4 años se afirma que no hay condenados. Hasta abril de éste año, de las 40 querellas, sólo 5 están judicializadas.

Por su parte, es importante detenerse en el anuncio del envío de un equipo multidisciplinario a la zona para evaluar una asistencia a víctimas de los atentados, en los cuales no se ha descartado ayuda económica. Aún cuando se desconoce cómo esto se llevaría a cabo, la entrega de apoyo económica a las víctimas requiere un análisis más profundo.

En definitiva, la realización de la Cumbre tuvo por objeto reaccionar ante los altos niveles de violencia  que se vive en la zona, y en este sentido, es destacable la generación de éste tipo de instancias de  coordinación de las distintas instituciones del Estado. No obstante, todo lo anterior debe venir acompañado de un proceso de diálogo con las comunidades, camino indispensable para restablecer el orden en La Araucanía.