En el Senado se analiza el proyecto de ley que crea una Superintendencia de Educación Superior, con importantes facultades fiscalizadoras y sancionadoras, e incluso con la posibilidad de imponer sanciones similares a otra de carácter penal (inhabilidad para ciertas funciones).
El proyecto dota al nuevo organismo de suficiente flexibilidad organizacional y de administración de personal, lo que es positivo. Existen no obstante, varios aspectos discutibles del proyecto, que inciden en superposición de funciones con otros organismos o sistemas normativos, dudas sobre las remuneraciones del personal, algunas facultades excesivas de fiscalización y obligación de modificar contratos vigentes celebrados con arreglo a las normas aplicables al momento de su celebración, lo que es discutible por afectar derechos constitucionalmente protegidos.
