Ayer comenzó a regir la nueva ley de antenas. El objetivo buscado por este proyecto fue regular la proliferación de torres de soporte y antenas principalmente en centro urbanos, otorgando un mayor rol a la ciudadanía en estas decisiones y resguardando el entorno urbanístico. Acogiendo estas preocupaciones, el proyecto de ley incorporó una serie de aspectos que lejos de terminar con los problemas, a futuro generarán nuevas polémicas.
Enumeramos los 2 que consideramos clave:
1. Para evitar la proliferación de torres de altura en áreas saturadas, se introdujo el requisito de colocalización obligatoria para maximizar el uso de torres de soporte. Es así como en estas áreas los nuevos entrantes estarán obligados a buscar alternativas para emplazar sus antenas en la infraestructura de otro concesionario y, sólo de no ser posible, podrán ingresar con estructura mimetizada y/o compensando a la comunidad. Cabe señalar que el efecto visual de la obligación de colocalizar probablemente fue subestimado dada la mayor envergadura de estas estructuras, así como los riesgos que podría generar para la competencia y la inversión en infraestructura.
2. En las zonas declaradas como sensibles – áreas en torno a establecimientos educacionales, centros de salud y hogares de ancianos, entre otros –la instalación de torres estará restringida a una altura no superior a 12 metros. Esta norma obligará a que torres que estaban instaladas en estas zonas deban ser removidas por las compañías, aun cuando hubieren sido autorizadas conforme a la normativa vigente al momento de su instalación. La justificación de esta norma sería que podría existir un daño a la salud por las emisiones de estas antenas y eso estaría validando su retroactividad. Sin embargo, la cercanía no es un factor relevante, mientras que las emisiones quedaron reguladas en otra norma de la ley que estableció que nuestro país debería cumplir el promedio de los cinco países más exigentes del OCDE.
Si bien el aspecto urbanístico es atendible, se teme que pueda constituir un obstáculo para el necesario desarrollo de las telecomunicaciones en Chile, más aún cuando se quiere garantizar una mayor la calidad y cobertura del servicio.
