- Total ausencia de rigurosidad
- Las conclusiones están principalmente sustentadas en un reportaje periodístico de CIPER de Julio de 2011, y en declaraciones de algunos invitados a la Comisión.
- En el apartado “Evidencia Empírica del conflicto de interés”, fundamentan el punto sobre el supuesto ingreso del grupo de inversión Norte-Sur, ligado a ex ministros de la Concertación como Alberto Etchegaray y Sergio Molina, a la Universidad Central, el cual nunca se concretó, lo que fue informado a la SVS en un hecho esencial en octubre de 2011. Pese a ello, en el informe se señala que “solo falta el vamos del Ministerio de Educación para que la Universidad Central ahora si tenga dueños.
- No se consignan denuncias formales ante el Ministerio Público o la Contraloría General de la República.
- No se cuenta con el testimonio de la mayoría de los representantes de las universidades denunciadas. De hecho, casi ninguno fue siquiera invitado a exponer a la Comisión.
- Los informes están mal redactados, con faltas de ortografía e incoherencias, que hacen difícil su lectura y el seguimiento de la información que entrega.
- “sin seguimiento y corraboración de los proyectos institucionales”
- “Esta situación indigna a muchos especialistas, entre ellos a Mario Waissbtluth”
- “No sólo existe lucro en la educación superior, si no que además…”
- “quedando sujetas a las normas que afectan a los organismos de Estado y ía fiscalización de la Contraíoría”
- “conforme al proceso denominado actualmente Licénciamiento conforme al proceso”
- “…..el estado a financiado la demanda con los créditos a los estudiantes”
- “todas del grupo Lauréate. Lauréate Internationa! Universities”
- No se entiende, en varios de sus capítulos, a quién corresponden las declaraciones que se consignan.
- Varias de las propuestas están redactadas en primera persona (“propongo”)
- Señala a la Universidad de Concepción como una privada no tradicional junto a la UDP y Alberto Hurtado, siendo que pertenece al grupo de las tradicionales (CRUCH).
- Reconoce a que algunas universidades privadas realizan una labor de calidad, mencionando a dos establecimientos específicos pero sin mencionar a otras, de distinto perfil ideológico pero que reconocidamente en todos los rankings aparecen entre las que brindad una educación de mayor calidad (UAI y UAndes).
- Hace comparaciones poco rigurosas:
- Compara el financiamiento del Estado para la Educación Superior específicamente con Finlandia, pero obvia que Chile invierte el 0,91% del PIB, casi la misma cifra que el promedio de la OCDE (1%).
2. Notoria Ideologización
- Las conclusiones están basadas en apreciaciones personales y políticas, respecto del sistema de educación superior, sin mayor fundamento y sin ahondar en argumentos.
- El mercado de las universidades privadas está desregulado.
- Es público y notorio que las universidades representan un buen negocio.
- Cuestiona la libertad de las instituciones de educación superior categóricamente
- A su juicio la oferta no responde a las necesidades del país (mercado no regulado).
- Cuestiona las cifras que las entidades privadas invierten en publicidad. No entrega antecedentes sobre esas cifras ni señala porque sería un exceso.
- Cuestiona el aumento de las matrículas y nunca valora su impacto positivo para los alumnos más vulnerables y de sectores medios.
3. Incoherente reflexión filosófica, que excede las atribuciones de los legisladores.
- Excediendo totalmente sus atribuciones, la comisión hace una “reflexión”:
- “…es evidente que las instituciones y aquellos que las han presidido, se han despojado de sus responsabilidades y se han puesto, servilmente, valga la redundancia, al servicio de las empresas privadas que lucran con la educación, con recursos del Estado…”
- “….el Estado, a través de los distintos Gobiernos, ha practicado una suerte de servidumbre voluntaria con el mercado, ese intocable, el que está junto al altísimo, en el gran altar de los venerados.”
- Para acreditar esa “reflexión”, recurre a una cita del político francés del siglo XVI, Etienne de La Boétie en el texto "Le Discours de la Servitude Volontaire", y que es un discurso contra el absolutismo de la época.
- “¿Cómo es posible que la mayoría obedezca a una sola persona, no sólo la obedezca sino que la sirva, y no sólo la sirva, sino que quiera servirla?"
- “(el ser humano es) "el único ser que ha nacido para vivir verdaderamente libre".
- No se entiende cuál es la relación entre el mandato de la Comisión y esta reflexión filosófica, totalmente fuera de contexto.
4. La Comisión no investigó acusaciones de lucro: solo transcribió un reportaje.
- La única fuente de la denuncia es la transcripción de un reportaje de CIPER. No hay un trabajo de investigación de la Comisión, pese a su mandato.
- El reportaje expone la situación de tres casos. La Comisión amplía la denuncia, no se sabe en base a qué antecedentes, a otras universidades.
- Tampoco la Comisión indica en virtud de qué información, supone que probablemente sea una práctica más extendida.
5. Parcialidad en el Informe y sus conclusiones
- Acusa que las exigencias son mínimas para la creación de entidades privadas. No consigna debidamente cuáles son esas exigencias. No hay recomendaciones respecto a las exigencias que debieran formularse para que las instituciones alcanzaran un estándar adecuado.
- · Insiste en que las universidades privadas son un buen negocio; salvo los casos puntuales que acredita a través del reportaje de CIPER, no entrega datos financieros de las 34 universidades privadas existentes en el país.
- Denuncia el alza de aranceles en un 38%, pero no indica en qué carreras, ni en qué lapso de tiempo, ni las contrasta con los aranceles de las universidades públicas o las pertenecientes al CRUCH. Tampoco menciona que el alza real de aranceles desde 2005 ha sido mucho mayor entre las del CRUCH (27%) que las privadas (11%).
- El Informe insiste en que el Estado ha promovido el lucro y no han expresado la voluntad de fiscalizar, sin dar mayores argumentos:
- El Estado chileno está al servicio del mercado y todos sus dispositivos se han organizado durante décadas, para convertirse en el sustento y promotor de este mercado.
- Nuestras autoridades han renunciado a sus atribuciones, sus facultades y a su responsabilidad.
6. Confuso análisis sobre el lucro. No queda claro qué se propone denunciar:
- ¿A entidades que han transgredido la normativa en materia de lucro?
- ¿A Mineduc, el Servicio de Impuestos Internos, entre otros organismos, por la debilidad en el ejercicio de su labor fiscalizadora?
- ¿Al sistema de educación superior chileno, que admite la existencia de entes privados y cuenta con mecanismos de financiamiento para sus alumnos?
- ¿A la Comisión Nacional de Acreditación?
¿A todos los Gobiernos anteriores que no cumplieron con sus obligaciones y se “abandonaron al mercado”
7. Propuestas extemporáneas; que dañan a los estudiantes de educación superior o derechamente inconstitucionales.
- Se propone la creación de un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, basado en una adecuada y equitativa distribución de los recursos del Estado en el sistema de Educación Superior, para lo cual deberán realizarse las siguientes modificaciones a la ley:
- El Estado debe financiar en su totalidad los requerimientos de la educación superior pública.
- Una vez financiado el sistema público de educación superior en su totalidad, El Estado podrá concurrir con aportes a instituciones de educación superior privadas sin fines de lucro y que cumplan con los estándares de calidad definidos por el Estado.
- Se propone el término y cambio del sistema de acreditación actual: Derogar el sistema actual de acreditación, debiendo el Estado definir los estándares de calidad de las instituciones, programas y carreras, quedando la acreditación a cargo de las Universidades Públicas o Privadas Tradicionales de mayor prestigio, pasando a ser ésta obligatoria, con pruebas nacionales para todas las carreras. Acreditación por procedimiento y por resultado, por un mínimo de seis años.
- Se propone que en el plazo de seis meses se elaboren los nuevos estándares de calidad, para luego dentro de los seis meses subsiguientes, las instituciones de educación superior se someten a un nuevo proceso de acreditación obligatoria.
- Se propone extender la prohibición del lucro a los Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales, sin mayor fundamento.
- Que todas las instituciones de educación superior privada que reciban recursos públicos, cualquiera sea su origen, queden obligadas a rendir cuentas ante la Contraloría General de la República, y queden sometidas a su fiscalización respecto al uso e inversión de esos recursos.
- Se propone introducir en la normativa vigente, la figura del "interventor provisorio", actor que jugará un rol predominante ante eventuales irregularidades u anomalías tanto en la calidad de la educación como en lo relacionado con el lucro.
- Se propone suspender toda tramitación legislativa relacionada con la educación superior (reforma tributaria, CAE, la Superintendencia, etc), hasta abordar de forma integral las conclusiones y propuestas realizadas por esta Comisión.
- Se propone suspender todo financiamiento a las instituciones de educación superior privada, hasta que éstas no estén debidamente acreditadas de acuerdo a lo propuesto en el presente informe.
- Y tratándose de corporaciones sin fines de lucro, se propone establecer la prohibición absoluta de enajenación en cualquiera de sus formas, de toda participación de los socios de las instituciones de educación superior (nota: adolece de posibles vicios de inconstitucionalidad, afectando el artículo 19 de la Constitución, en sus numerales 2, 15, 24, entre otros).
- Proponen que cuando se desvían recursos hacia otras instituciones para legalizar las ganancias, se configure el delito de “lavado de dinero”.
8. La mayoría de las propuesta de la Comisión no están respaldas ni en estudios serios ni en opiniones expertas, sino en la discrecionalidad y responden a un discurso ideologizado.
Los diputados que votaron a favor de las conclusiones, parecen no estar en conocimiento de la agenda legislativa que se trabaja en el Congreso Nacional, pues varias de las propuestas están contenidas en las reformas que impulsa el Gobierno.
A continuación se mencionan algunas de las propuestas y, debajo de cada una, lo avanzado ya en el Congreso:
1. Reforma Constitucional que asegure derecho a la educación, en el sentido que es deber del Estado garantizar el acceso a todas las personas a una educación de calidad, en todos los niveles educativos.
En Agosto de 2011 se envió al Congreso la Reforma Constitucional que asegura la calidad de la educación en todos sus niveles. Después de casi un año en el Congreso, aún se encuentra en 1er trámite.
2. Derogar el sistema actual de acreditación, debiendo el Estado definir los estándares de calidad de las instituciones, programas y carreras, quedando la acreditación a cargo de las Universidades Públicas o Privadas Tradicionales de mayor prestigio, pasando a ser ésta obligatoria, con pruebas nacionales para todas las carreras. Se propone acreditación por procedimiento y por resultado, por un mínimo de seis años.
El Gobierno ha estado trabajando desde 2011 en un nuevo sistema de acreditación, que será presentado en Septiembre de 2012. Esta propuesta incorpora el criterio de acreditación por un mínimo de seis años.
Por otra parte, resulta absolutamente inviable que instituciones que participan del sistema (i.e. CRUCH) queden a cargo de acreditación del resto de las instituciones (su competencia), sin ser sometidas ellas mismas a acreditación. Este criterio es puramente discrecional, responde a una visión elitista de la educación superior y demuestra un completo desconocimiento del funcionamiento del sistema.
3. Establecer sanciones a la contravención de la prohibición de lucrar. Adicionalmente, propone prohibir y sancionar la constitución, mantención y operación con sociedades espejos relacionadas, tales como por ejemplo inmobiliarias, prestadoras de servicios, empresas de personal, etc.
El Proyecto que crea la Superintendencia de Educación Superior –cuya tramitación la Comisión recomienda detener- precisamente corrige estos y otros problemas denunciados por la comisión.
Este proyecto, ingresado en Noviembre de 2001, propone la creación de una Superintendencia de Educación Superior y regula la mayor parte de las materias que menciona la Comisión.
4. Que todas las instituciones de educación superior privadas que reciban recursos públicos, cualquiera sea su origen, queden obligadas a rendir cuentas ante la Contraloría General de la República, y queden sometidas a su fiscalización respecto a la uso e inversión de esos recursos.
El Proyecto que crea la Superintendencia de Educación Superior –cuya tramitación la Comisión recomienda detener- corrige este problema. La Contraloría en ningún caso hoy fiscaliza las acciones de las instituciones privadas, lo que en nuestra institucionalidad siempre ha recaído en las superintendencias (Bancos, AFP’s, etc.).
6. Suspender todo financiamiento a las instituciones de educación superior privada, hasta que éstas no estén debidamente acreditadas de acuerdo a lo propuesto por la Comisión.
Actualmente no se entrega financiamiento público a instituciones no acreditadas. Aun cuando la Comisión remite a su propuesta de sistema de acreditación, el informe no presenta propuesta alguna. La propuesta en la que trabaja el Gobierno hará más estrictos los criterios de elegibilidad para recibir recursos públicos.
