Ha sido aprobada recientemente la ley que modifica el sistema de penas alternativas a la privación de libertad.
José Francisco García y Eliana Claro, investigadores de LyD, aseguran que se trata de una reforma bien orientada –generar mayor oferta y flexibilidad en el cumplimiento de sanciones en el medio libre que aumente la probabilidad de una rehabilitación y reinserción efectiva–, pero en donde la clave estará en su implementación.
Destaca el que la reforma genera seis nuevas penas sustitutivas a la cárcel: remisión condicional de la pena, reclusión parcial (diurna, nocturna y de fin de semana), libertad vigilada, libertad vigilada intensiva, expulsión de condenados extranjeros (con residencia ilegal) y prestación de servicios en beneficio de la comunidad.
Se trata de un cambio de magnitud mayor, no sólo por el rol destacado que ha tenido en el debate la futura entrada en vigencia del brazalete electrónico en ciertos casos respecto de agresores y víctimas de delitos sexuales y violencia intrafamiliar, sino porque actualmente, de una población penal total de 103.000 personas, el 47,8% se encuentra sujeta a algunas de las 3 medidas alternativas existentes: remisión condicional de la pena (32,1%), libertad vigilada (10,7%) y reclusión nocturna (5,1%).
Ello importa desafíos relevantes en la cultura institucional y en la manera en que Gendarmería enfrenta actualmente su cometido. Tendrá impacto en su formación y en el tipo de evaluación de los funcionarios que estará a cargo del sistema. Afortunadamente existe tiempo para planificar dado que su entrada en vigencia quedará para fines de 2013.
