A CONTINUACIÓN REPRODUCIMOS LA COLUMNA DE ELIANA CLARO, COORDINADORA DEL PROGRAMA SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA, PUBLICADA EN WWW.ELVASO.CL

Ingresó hace algunas semanas al Congreso el proyecto de ley de “Fortalecimiento del Ministerio Público”, que tiene por objeto aumentar significativamente la dotación de fiscales y funcionarios administrativos a la institución. Se trata de una iniciativa de US 30 millones que recoge en parte un plan de US 80 millones que ha desarrollado el Ministerio Público desde hace varios años, y que descansa sobre la base de que, mientras no ha habido aumentos de fiscales desde su inicio (sólo 22 en el 2006), los ingresos de delitos han crecido en un 46% desde el 2006. Así, si las estimaciones iniciales implicaban una carga promedio por fiscal cercana a los 1.200 casos, estos hoy son el doble.

Pero en el debate que se está llevando a cabo en el Congreso debe considerarse el aumento en su presupuesto de 45% desde el 2006, como asimismo el uso que hace de los diversos mecanismos de filtro que tiene para decidir, con discrecionalidad, los casos que presentará ante el juez y aquellos que no. En promedio, cerca de un 46% de los 1.400.000 casos anuales se archivan. En delitos como robos o robos no violentos los archivos superan el 70%. Ello es importante a la hora de debatir acerca de cargas “promedio” de trabajo por fiscal.

En esta línea, es destacable el esfuerzo del Ejecutivo en el proyecto presentado, por incorporar metas e indicadores de gestión a cambio de la entrega de recursos, Sin embargo se puede ser más exigente.

Las mejoras pueden ir, por ejemplo, en la línea de generar políticas de disminución de archivos con criterios más específicos que distingan entre diversos delitos. Asimismo, si bien la reducción de archivos provisionales puede ser positiva (si implica que imputados “desconocidos” se vuelvan “conocidos”), se debe considerar que no todas las salidas judiciales tienen la misma calidad. En efecto,si comparamos el año 2011 y el 2010, se observa que las salidas judiciales se mantuvieron relativamente constantes (41,9% versus 42,5%), pero que su composición  sufrió cambios importantes: la sentencia definitiva condenatoria disminuyó en un 14% mientras que la suspensión condicional del procedimiento aumentó en 31%, lo que puede ser riesgoso en términos de impunidad. Por último, es relevante analizar el punto de la asignación de la nueva dotación (concentrada en la nueva fiscalía y en las unidades de tramitación de causas de menor complejidad), que implica que las fiscalías locales no verán mayor dotación, lo que también abre el debate a posibles reasignaciones de dotación interna existente (por ejemplo desde la Fiscalía Nacional).

Se trata entonces de una iniciativa correcta que puede ser perfeccionada. El Congreso debe preocuparse de que cualquier aumento de recursos y de dotación vaya asociado a mejoras sustantivas de eficiencia y rendición de cuentas; esto es, que los indicadores de impacto a los que se comprometan sean exigentes y que ello vaya unido a mecanismos de seguimiento y evaluación; cuestiones que hasta el momento, se encuentran en niveles poco satisfactorios y en donde se ha esgrimido la autonomía constitucional del Ministerio Público como una suerte de barrera a la evaluación y al escrutinio externo, lectura errada en una sociedad democrática.