Hoy debe votarse en la Cámara de Diputados una moción parlamentaria que establece salarios mínimos diferenciados por región, tomando en consideración el disímil comportamiento de los costos de vida en las distintas zonas del país. Este mismo argumento está detrás de las protestas de los aiseninos estas últimas semanas.

Cecilia Cifuentes, investigadora del Programa Económico de LyD, asegura que el salario mínimo se establece con la idea de evitar abusos, a pesar de que tiene el costo de generar un mayor nivel de desempleo para los trabajadores menos calificados. Hemos postulado, y lo seguimos haciendo, la idea de establecer salarios mínimos diferenciados, pero no de acuerdo al costo de vida, sino de acuerdo al nivel de productividad de los trabajadores, que podría asimilarse, por ejemplo, a la densidad de cotizaciones previsionales.

Asimilarlos al costo de vida es inconveniente, ya que el salario mínimo es un muy mal instrumento para resolver problemas de pobreza, siendo mucho mejor que este tema se resuelva a través de políticas como el ingreso ético familiar. Si se fijan salarios mínimos de acuerdo a costo de vida, sin tomar en consideración las realidades laborales de cada zona, se podrían agravar en vez de resolver problemas de estos mayores costos de vida: de qué sirve un salario mínimo mayor si no hay trabajo. A esto se suman las dificultades prácticas de implementar correctamente este tipo de política, que requería no sólo costos de vida regionales, sino también estimaciones de productividad laboral regionales.

Finalmente, a pesar del evidente atractivo popular de un proyecto de este tipo, no corregiría en forma apropiada los problemas que viven día a día nuestros compatriotas alejados del centro, y cuyos costos de vida son mayores en algunos aspectos, pero menores en otros. De hecho, de acuerdo a un estudio de la UDD, el costo de vida en Santiago es de los más elevados del país.