A continuación reproducimos la columna de José Francisco García, Coordinador de Políticas Públicas de LyD, publicada en El Mercurio Legal:
Si bien la Agenda de Impulso Competitivo del gobierno es una en la dirección correcta desde la perspectiva de la reforma regulatoria, al generar condiciones para aumentos de competitividad, potenciar el emprendimiento y pensar la burocracia estatal al servicio de la creación de riqueza y no como una barrera; hoy en Chile existen una serie de reformas estructurales en esta área que no se ven venir. Me preocupan especialmente tres: el diseño institucional de las agencias administrativas con poder regulatorio, especialmente las superintendencias, que carecen de un diseño institucional que asegure la independencia técnica; la falta de penetración conceptual de que las regulaciones hoy deben ir dejando de ser tan excesivamente sectoriales para pasar a centrarse más bien en ser pro-competencia; y el uso del análisis de impacto regulatoria (RIA por sus siglas en inglés), que hoy sólo existe, realmente y en forma pobre, en el artículo 5° del Estatuto Pyme, como ya he comentado anteriormente en una columna.
La diferencia en esta materia de Chile con otros países de la OECD es abismante. Demos dos ejemplos.
En Estados Unidos, la administración Obama, mediante la Orden Ejecutiva N° 13,563 denominada “Mejorando la Regulación y la Revisión Regulatoria”, [http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/memoranda/2011/m11-10.pdf] ha puesto el énfasis en realizar una revisión retrospectiva de las regulaciones que puedan estar en desuso, ser ineficaces, insuficientes o excesivamente costosas para las empresas. Como consecuencia de esta revisión, y como lo destaca el blog de Derecho Administrativo Comparado de la Universidad de Yale [http://blogs.law.yale.edu/blogs/compadlaw/archive/2012/01/31/news-regulatory-reform-in-the-united-states-an-update.aspx], 26 agencias administrativas dependientes del Gobierno, como también algunas agencias independientes, han anunciado la adopción de una serie de medidas para reducir cargas regulatorias innecesarias que generan costos injustificados al sector privado.
Se destaca en este sentido el hecho de que en el último discurso del estado de la Unión del Presidente Obama –equivalente a nuestra cuenta presidencial del 21 de mayo–, haya señalado que: “Es indiscutible que algunas regulaciones están en desuos, son innecesarios o son excesivamente costosas (…) He ordenado a cada agencia federal eliminar las regulaciones que no tengan ningún sentido. Hemos ya anunciado cerca de 500 reformas, y sólo una fracción de ellas le ahorrarán a las empresas y a los individuos más de US$ 10 billones en los próximos 5 años”.
Por otro lado, y en la vereda política opuesta a la de Obama, el recién gobierno electo de Mariano Rajoy en España anunció hace algunas semanas la creación de un grupo de trabajo para que, en el más breve plazo, presente una reforma integral de los organismos reguladores para “simplificar al máximo su número” y crear una estructura “muy austera”. En el eje de la reforma está el potenciar la profesionalidad de los integrantes de los organismos reguladores, garantizando su neutralidad y calidad técnica, su autonomía de los poderes políticos. Asimismo, se dará mayor poder a la Comisión Nacional de Competencia, que es por lo demás la tendencia actual en los países desarrollados: pasar desde las regulaciones y creación de órganos regulatorios sectoriales, hiper-especializados, para dar más poder a la autoridad de libre competencia, y que las lógicas de los órganos regulatorios sectoriales descansa en instrumentos pro-competencia (benchmarking) más que en las ya viejas reglas de comando y control.
Así las cosas, la reforma regulatoria tiene cada vez menos que ver con viejas disputas ideológicas sino con argumentos técnicos en torno a entender el correcto rol del Estado en esta materia, necesario, limitado y orientado a la competencia. Con ello se potencia el emprendimiento y la libre iniciativa privada, en un marco de competencia.
Chile tiene mucho que aprender.
