Recientemente, el Gobierno anunció la Estrategia Nacional de Energía 2012-2030, donde entrega su visión en materia eléctrica y los desafíos que pretende abordar en lo inmediato. Lo anterior pretende establecer una estrategia de largo plazo para el desarrollo de una matriz limpia, segura y económica, pero debe aclararse que no se está virando hacia la planificación centralizada lo que podría desprenderse de la inclusión de ciertas metas cuantitativas.

En efecto, se señala que el objetivo respecto de la composición de la matriz de energía eléctrica a futuro es acelerar la incorporación de energías renovables no convencionales para más que duplicar la meta de participación de las mismas en la próxima década, y potenciar el desarrollo de la hidroelectricidad tradicional hasta alcanzar una participación del orden de 45% a 48%.

Susana Jiménez, economista senior de LyD, destaca que si bien las bondades de desarrollar fuentes de energía renovables son ampliamente conocidas, no se ha analizado su costo e impacto en la competitividad del país.  Así, parece conveniente recordar que las decisiones de inversión para una asignación eficiente de recursos deben responder a señales de precios (que, por cierto, incorporan las exigencias medioambientales, de seguridad, etc.), las que cambian constantemente en el tiempo. Esto ha permitido en el pasado que el mercado eléctrico respondiera oportunamente a las demandas crecientes de energía del país, incluso en condiciones críticas de sequía y corte de suministro. Para ello, el eje de la política ha sido - y debiera seguir siendo - la neutralidad respecto del desarrollo competitivo de las distintas fuentes de energía, lo que ha dado flexibilidad y agilidad para que el mercado se ajuste a condiciones cambiantes. Parece una apuesta arriesgada introducir cambios sustanciales a este modelo que, siendo sin duda perfectible, ha dado buenos resultados al país.