Se dio a conocer el informe de la Comisión de Financiamiento Estudiantil para la Educación Superior, un grupo transversal de 11 expertos[1], que se reunió desde el año pasado, para estudiar propuestas respecto a este tema.
María Paz Arzola, investigadora del Programa Social de LyD, destaca en primer lugar, que el informe describe la situación actual de la Educación Superior, en cuanto a las alternativas de financiamiento y ayudas con que cuentan los estudiantes de nuestro país, haciendo hincapié en las diferencias existentes tanto de becas como créditos, en función de la Institución de Educación Superior elegida, más que por las características del alumno.
Es así como, en general, las ayudas estudiantiles dirigidas a alumnos de Universidades del CRUCH son más generosas (montos mayores, tasas de interés menores, contingencia al ingreso y posibilidad de condonar la deuda después de un máximo de años) que las ayudas que reciben los alumnos de Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales, aun cuando son estas últimas instituciones las que concentran una mayor proporción de alumnos provenientes de los primeros quintiles de ingreso. Según el informe, “es evidente que no ha habido una política de ayudas estudiantiles coherente con una focalización del gasto de acuerdo a las necesidades socioeconómicas y que resguarde especialmente el objetivo de no discriminación”. Las propuestas planteadas en el documento apuntan a mejorar esto.
El sistema de ayudas estudiantiles propuesto por la Comisión se basa en cinco principios:
- Todo joven con mérito académico debe poder acceder a la Educación Superior sin importar su situación socioeconómica,
- El estudiante debe poder elegir la institución que prefiera,
- Es justo y equitativo, dado que la mayor parte de los beneficios de la educación superior son percibidos como un mayor ingreso para el egresado, que éste devuelva al Estado las ayudas recibidas, una vez que este mayor ingreso se materializa,
- La carga producto de los créditos debe ser razonable, de tal forma de no ser inabordable para las familias, y
- El sistema debe ser administrado y regulado de forma eficiente, para no consumir recursos que idealmente deben destinarse a los estudiantes.
A partir de estos principios, la Comisión elabora su propuesta, cuyos principales aspectos se describen a continuación.
En primer lugar, se plantea un esquema combinado de becas y créditos. Los créditos deben tener las mismas características, independiente de la institución que escoja el alumno, siempre y cuando ésta sea acreditada, y podrán acceder a ellas los alumnos hasta el noveno decil. Las características de este Crédito de Educación con Garantía Estatal (CEGE) serían: tasa de interés del 2%, período de gracia de 18 meses, cuota máxima de un 10% del ingreso, y plazo máximo de pago de 20 años (después del cual se condona la deuda).
Debido a la diferencia que existe entre el arancel de referencia y el que efectivamente cobra la casa de estudios, se propone un Crédito Avalado por la Institución (CAI), que sería administrado y gestionado por el mismo organismo que administra el CEGE. Así, la institución que recibe al alumno, tiene incentivos a no subir en demasía sus aranceles, pues ella misma deberá avalar el pago de los alumnos, y por otro lado, tendrá incentivos a entregar a estos la educación de calidad que le permitirá egresar con éxito, encontrar un trabajo, y percibir un ingreso que le asegure pagar sus créditos pendientes. Si bien el CAI puede hacer ver a una institución más atractiva para los alumnos que no tienen los recursos para estudiar, no queda claro cuál sería la obligación por parte de la casa de estudios de otorgar estos créditos, ni las condiciones de estos, pues podrían perfectamente terminar seleccionando estudiantes en función de su capacidad de pago.
Las becas, por su parte, deben entenderse como un premio excepcional al mérito, y se justifican por lo tanto, como premios al esfuerzo frente a la adversidad. La idea es crear una sola beca[2] que cubra el arancel de referencia completo para los jóvenes de los dos primeros quintiles, y el 50% para los del tercer quintil. El criterio de asignación ya no sería sólo la PSU, sino también notas y ranking de enseñanza media, lo que supone más posibilidades a jóvenes en situación de pobreza. En este sentido, es imprescindible que el cambio sea gradual, para no dejar afuera en los primeros años a jóvenes que de otra forma hubiesen obtenido los beneficios.
El costo de esta propuesta en estado de régimen sería de aproximadamente US$ 1.100 a 1.155 millones, es decir, US$ 80 millones más que lo contemplado según el presupuesto del año 2012. Más que el monto, en este caso lo importante es la forma de redistribuir el gasto, hacia los alumnos que tienen la mayor necesidad, y sin discriminar por aspectos históricos que ya nada tienen que ver con la realidad de las instituciones.
[1] En un principio eran 12, pero Harald Beyer se retiró para asumir como Ministro de Educación.
[2] En lugar de las tres que existían según la institución escogida: Bicentenario, Juan Gómez Millas, Nuevo Milenio y Excelencia Académica.
