Mientras un menor puede acceder a anticonceptivos de emergencia sin la autorización ni el conocimiento de sus padres y puede ser considerado responsable penalmente, tienen restricciones para ser contratados hasta los 18 años e incluso se discute si podrían comprar productos “altos en” en sus colegios.
Silvia Baeza, Coordinadora de Estudios Jurídicos de LyD y María Teresa Muñoz, abogada del Programa Legislativo, analizaron la normativa vigente en Chile respecto al tratamiento de menores y la capacidad que el legislador les reconoce según sea el estatuto normativo de que se trate.
Puede afirmarse que no todos los actos requieren de la misma capacidad de comprensión de parte de los menores, pero los criterios que justifican las diferencias en el tratamiento legal deberían ser uniformes.
